Los familiares de los esposos acribillados la semana pasada en Villa Altagracia mostraron satisfacción con que los policías suspendidos acusados de cometer el hecho fueran enviados a prisión como medida de coerción.
Al escuchar la decisión denotaron alegría y aplaudieron.
Sus abogados dijeron que la jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, tomó una decisión apegada al derecho.
“Esa fue lo habíamos pedido al tribunal junto al Ministerio Público… es una decisión apegada al derecho y que da satisfacción y tranquilidad a la familia que han pedido a sus seres queridos en ese sentido nosotros continuaremos con este proceso”, indicó el jurista Pedro Pablo Valoy.
Tras conocer la audiencia por alrededor de cuatro horas, la magistrada Rosario Mena dispuso que los imputados Victorino Reyes Navarro y Norquis Rodríguez Jiménez cumpla la medida de coerción en el Centro de Operaciones Especiales.
Mientras que a Domingo Perdomo Reyes, , Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solis los envió al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega.
También, la magistrada declaró el caso complejo.
Los suspendidos agentes policiales son imputados por la muerte de Eliza Muñoz Marte, de 32 años, y su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, así como por provocarle heridas al joven Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29.
De su lado, la defensa de Antony Castro Pérez, quien será cumplir la medida en la cárcel El Pinito, dijo que apelará a la decisión de la jueza.
“No estamos satisfechos debido a que nosotros entendemos que nuestro patrocinado calificaba para manternerse en libertad mientras dure el desarrollo de la investigación por razones obvias, no tiene arma cargada y no se la ha probado esa teoría de que él poseía un fusil”, indicó el abogado Yeury Castro.
El Ministerio Público acusa a los imputados de asesinato, abuso de poder, asociación de malhechores y porte ilegal de armas.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Villa Altagracia, al momento en que ocurrió el hecho, los víctimas se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 45 en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco. Fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.
Las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo, luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
El órgano acusador le dio al caso la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
