El expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) Jorge Hernán Rubio se responsabilizó de la declaración del pasado viernes, en la que el observatorio electoral de la entidad opinó sobre la cláusula transitoria vigésima de la Constitución de la República Dominicana.
En un documento enviado a elCaribe, el abogado panameño Hernán Rubio dijo que el observatorio electoral de la institución emitió la resolución en la que asegura que el transitorio vigésimo que prohíbe la reelección presidencial en la República Dominicana viola los derechos humanos de un individuo, a solicitud del Colegio de Abogados Dominicanos (CARD), como parte de la 54 Conferencia de la FIA en Santo Domingo.
“Presenté la inquietud a lo interno de algunos comités y al final el observatorio electoral expidió un resolución, con fecha 29 de junio, la cual no se llevó al pleno de la asamblea por ausencia del comité de resoluciones. Asumo personalmente las declaraciones. Esta información fue comunicada el 3 de julio de 2018 al presidente Ulises Montoya”, sostuvo.
El documento final, del cual tiene copia elCaribe, está firmado por Alejandro Solano, presidente del comité; Julio César Cabrera, vicepresidente, y el secretario Manuel Cedano.
El martes, la Federación Interamericana de Abogados (FIA) negó que durante su reunión en el país la pasada semana haya declarado que la cláusula transitoria vigésima de la Constitución de la República Dominicana del año 2015, entra en contradicción con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Su nuevo presidente Ulises Montoya Alberti, y la secretaria general Carolina Obarrio, aclararon que la FIA “no tiene un Comité de Derecho Electoral y no emitió resolución proveniente de ninguno de sus Comités, mucho menos de uno inexistente y todavía menos dándole una categoría de voto a unanimidad”.
Hernán Rubio dijo que es respetuoso de las leyes dominicanas y que solo opinó, a solicitud del CARD, que la cláusula transitoria vigésima de la Constitución del año 2015 entra en contradicción con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. “Dije que basta verificar quien ocupaba la primera magistratura del Estado en el período 2012-2016 para identificar con nombre y apellido a quien está dirigido”.
