Las ocurridas en últimos años evidencian negligencia, incumplimiento de disposiciones y falta de supervisión
La República Dominicana ha sido testigo de una serie de explosiones que dejaron a su paso una estela de muerte, daños y profundo dolor. Desde incidentes industriales hasta desastres relacionados con instalaciones de gas y otros materiales inflamables, abrieron cicatrices en comunidades enteras.
El Reporte Especial con Julissa Céspedes rememora trágicos acontecimientos en el país, causados por explosiones que no son simples accidentes sino el resultado de factores alarmantes que ponen en riesgo las vidas.
La investigación destaca que estos fatales desenlaces evidencian desde la carencia de una cultura de prevención hasta el desmedido afán de lucro de empresarios, ante la falta de supervisión de las autoridades y el irrespeto por la vida.
Cada una de estas dolorosas experiencias sirve como un recordatorio de la importancia de la seguridad industrial y la necesidad constante de salvaguardar la vida y el bienestar de los ciudadanos dominicanos, resalta el material periodístico. Tan solo en este año, se han documentado tres explosiones, entre las cuales se cuenta la reciente tragedia en San Cristóbal.
En San Pedro de Macorís, el 16 de julio del 2023, una explosión ocurrida en el laboratorio de química de la Universidad Central del Este dejó un saldo de 16 estudiantes y un profesor herido.
El incidente ocurrió durante un experimento en el que se vieron involucrados productos químicos, resultando en una combinación desafortunada que culminó en la explosión.
Según las declaraciones de las autoridades, de las personas afectadas, 12 sufrieron consecuencias a raíz de la exposición causada por los productos químicos y otras cinco resultaron heridas debido a los vidrios de las ventanas que estallaron por la fuerza de la explosión, quienes presentaron laceraciones leves.
Otra explosión reciente tuvo lugar el 15 de abril de 2023 en el almacén número 2 del Departamento de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, resultando afectados dos agentes, un sargento mayor y un asimilado de la institución.
De acuerdo con los informes médicos proporcionados por la Policía Nacional, el asimilado Miguel Mota Pierre sufrió un politraumatismo y amputación traumática de la pierna derecha como consecuencia de la explosión. Por su parte, el sargento mayor Edward Gómez sufrió una herida anfractuosa en la cara interna del brazo derecho.
Ambas lesiones fueron causadas por proyectiles de armas de fuego, provocados por el calor generado por el estallido que se produjo en el almacén. Ambos recibieron asistencia psicológica y se llevaron a cabo gestiones para brindar una prótesis al asimilado Mota Pierre.
La trágica cuenta de víctimas a raíz de la explosión del pasado lunes en la ciudad de San Cristóbal asciende a 32 fallecidos y 59 heridos. El panorama es desolador: cuatro edificaciones quedaron reducidas a escombros, mientras otras nueve sufrieron daños significativos.
Las imágenes impactantes muestran vehículos calcinados en medio de densas columnas de humo negro que se elevan desde el epicentro de la ciudad envolviendo varias manzanas en un oscuro manto. Al evocar la desgarradora explosión como la de PolyPlas en 2018, en Santo Domingo; y el trágico episodio del Polvorín en el año 2000 en la misma provincia de San Cristóbal, estas tragedias van más allá de la desolación inmediata, desvelan una preocupación latente: la seguridad industrial en la República Dominicana. “La irresponsabilidad estatal, privada y colectiva ha tejido un ciclo vicioso que parece no tener fin”, precisa el reportaje.
Explosión Licey Al Medio
El 3 de octubre del 2020, la tragedia tocó la puerta de Santiago, donde un devastador estallido sacudió el municipio de Licey al Medio, dejando un saldo trágico de 11 personas fallecidas y múltiples heridos. La explosión tuvo lugar en una estación de gas licuado de petróleo perteneciente a la empresa Coopegas.
La catástrofe tuvo consecuencias inmediatas, cobrando la vida del vigilante Francisco Trinidad, de 66 años, así como del bebé Braylin Ulloa Santos, apenas con seis meses de vida. Además, nueve personas resultaron gravemente heridas, enfrentando quemaduras de segundo y tercer grado. Tristemente, en los días posteriores, se confirmó el deceso de estas personas debido a la gravedad de sus lesiones.
El fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, señaló en ese momento que la explosión fue resultado de una combinación de factores, incluyendo negligencia, falla humana y mecánica. Se descubrió que las válvulas de seguridad no funcionaron como debían, lo que contribuyó a la magnitud de la explosión.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes también entró en acción tras la tragedia, cerrando tres estaciones de gas adicionales pertenecientes a Coopegas ubicadas en Valverde, Montecristi y La Victoria debido a irregularidades en su operación. Según el MICM, la empresa habría estado operando bajo el pretexto del cooperativismo para evadir impuestos.
Días después, le fueron dictadas medidas de coerción a cuatro ejecutivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Económica consistente en garantías económicas de 10 millones de pesos para el presidente Audilio Concepción, Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general y Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones; y 1 millón de pesos para Emilio Yan, el encargado del local de la planta. Además, se les impuso la presentación periódica y el impedimento de salida del país.
Lo que dice el reglamento seguridad
El Reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo “prevenir accidentes, lesiones y daños a la salud que se deriven de consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trayecto al trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio laboral”.
El reglamento establece pautas fundamentales en caso de explosión y fuego, el cual estipula que, se requiere que fabricantes, importadores y proveedores de productos y sustancias químicas utilizadas en el trabajo, empaquen y etiqueten estos elementos de manera segura y claramente identificable.
Además, deben proporcionar información detallada sobre su contenido, riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, y medidas de intervención en caso de emergencia. Es crucial que los fabricantes garanticen la efectividad de los equipos de protección proporcionados, y estos deben estar certificados por organismos internacionales reconocidos.
Asimismo, los fabricantes, importadores y proveedores deben colaborar con los empleadores para asegurar que el uso y manipulación de maquinaria, equipos y productos se realice sin poner en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores, proporcionando información en español acompañada de símbolos de prevención.
Tragedia Polyplas
Hace 5 años de la trágica explosión de la fábrica de plástico PolyPlas, ubicada en Villas Agrícolas, Distrito Nacional, que dejó un saldo de al menos 8 muertos, 103 heridos entre empleados de la fábrica y vecinos del lugar y, al menos, 22 vehículos fueron aplastados por los escombros y por los efectos de la poderosa onda expansiva que generó la explosión.
La explosión y posterior incendio de Polyplas, que se sintió en varios sectores aledaños, causó daños a unas 25 viviendas ubicadas en los alrededores de la fábrica, algunas de las cuales quedaron destruidas, al igual que varios vehículos. El siniestro afectó a varias escuelas y a dos hospitales.
Aquel 5 de diciembre de 2018 cambió la vida de decenas de familias, muchas de las cuales viven todavía con los traumas psicológicos que les dejó esa experiencia. En ese momento, el informe del Cuerpo de Bomberos atribuyó el origen del siniestro a fallas en el sistema de seguridad.
La historia se repite. Desde la antigua fortaleza militar Antonio Duvergé hasta la estación de gas licuado de petróleo Sol Gas en Los Ríos, y el posterior caso en la fábrica de plástico PolyPlas en el corazón de Villas Agrícola, cada explosión lleva consigo una carga de tragedia y destrucción. Personas heridas, vidas perdidas, hogares y negocios destrozados.
Año trágico. Caso Los Ríos
El año 2016 quedó inscrito en la memoria colectiva por una serie de sucesos lamentables de este tipo. A lo largo de ese año, se registraron no menos de cuatro explosiones trágicas en envasadoras de gas en diversas provincias del país.
El 16 de febrero de 2016 se convirtió en un fatídico amanecer en el sector Los Ríos, marcado por una explosión que dejó su huella de devastación: 3 muertos y más de 40 heridos, algunos de gravedad. Una envasadora de Gas Licuado de Petróleo, conocida como Sol Gas, se convirtió en el epicentro de la tragedia.
Vidas se extinguieron en un abrir y cerrar de ojos, mientras la envasadora se consumía en llamas. La incertidumbre reinaba en los alrededores, con preguntas sin respuesta sobre la causa de la explosión y la magnitud de los daños. Las autoridades y los equipos de socorro acudieron al llamado desesperado de los vecinos. Bomberos lucharon incansablemente contra las llamas y el caos, enfriando tanques de combustible que amenazaban con explotar.
Nueves días después del siniestro de Los Ríos, es decir el 24 de febrero del 2016, hubo un incendio en una envasadora ubicada en la salida de San José de las Matas hacia el distrito municipal El Rubio, dejó como saldo dos personas con quemaduras graves y considerables daños materiales.
El siniestro que consumió por completo el establecimiento, conocido como el Verdun Gas, ocasionó que los residentes de la zona evacuaran sus hogares.
Luego, el 3 marzo de 2016 se registró un incendio en la envasadora de gas Mariot Gas en Alma Rosa II en Santo Domingo Este, que cobró la vida de por lo menos tres personas. Mientras que diez vehículos fueron reducidos a escombros carbonizados.
El incidente tuvo origen en la manguera de un camión abastecedor, desencadenando un escape de gas que rápidamente se convirtió en un incendio devastador.
El fuego, alimentado por el gas liberado, se propagó rápidamente, desafiando los esfuerzos por contenerlo. A lo largo de más de tres horas, los bomberos trabajaron arduamente para controlar las llamas que consumieron las instalaciones.
La trágica sucesión de eventos en San Cristóbal ha lastimado cicatrices del pasado y expone una preocupante realidad: las explosiones causadas por negligencia o intereses económicos.
El impacto de esta última explosión, con su destrucción y pérdida de vidas, refuerza la imperante necesidad de abordar de manera urgente la seguridad industrial en la nación.
La Ley 368-22 establece directrices claras
La sucesión periódica de tragedias que pareciera estar sincronizada con la fatalidad, aproximadamente cada dos años, subraya la urgente necesidad de aplicar y hacer cumplir la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Esta legislación establece que las actividades industriales deben ubicarse a una distancia segura que no comprometan cuerpos de agua, edificaciones educativas, de salud o viviendas.
En este contexto de dolor y luto, la Ley 368-22 surge como un faro de esperanza y soluciones. Diseñada para regular de manera rigurosa y preventiva el uso de suelo, esta ley establece directrices claras para evitar la ubicación inadecuada de actividades industriales y envasadoras en áreas densamente pobladas.
Reflexión
Cada tragedia es evitable, y cada vida perdida es una advertencia que no podemos ignorar. La lección es clara: prevenir es la única respuesta.
