La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) impartió ayer el diálogo académico: “Una mirada integral al proyecto del Código Penal dominicano”.
Los penalistas María del Pilar Zuleta, Ricardo Rojas León, Emery Colomby Rodríguez y Francisco Álvarez, debatieron bajo la moderación de Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Los expertos abogados analizaron íntegramente el proyecto de Código Penal pendiente de aprobación en el Congreso.
El abogado especializado en derecho procesal penal, Francisco Álvarez, habló de los artículos 344 y 348 del nuevo Código Penal donde se hace referencia a la obligación de denunciar.
“El legislador en este Código ha incluido en estos dos artículos una obligación clara y precisa de que todo lo que pasa frente a un funcionario, un contable, un médico, que pueda ser considerado violación a la ley y no lo denuncie eso va a generar una responsabilidad penal para esa persona”, dijo.
Enfatizó que esto sería grave, debido a que el Ministerio Público podría perseguir a una persona porque no tomó una decisión de denunciar cualquier delito que haya observado.
La abogada y experta en derecho penal, Emery Colomby Rodríguez, destacó que el nuevo Código Penal establece que las penas sean llevadas a 60 años, por lo tanto, “la República Dominicana estaría de forma implícita aprobando la cadena perpetua”.
Mencionó que el sistema penal actual, con 30 años de cárcel como pena máxima, no cumple con funciones básicas de reeducación y reinserción social.
María del Pilar Zuleta puso ejemplos de incongruencias y lagunas de aplicación, además de algunos delitos que cuestionó. Mencionó como ejemplo el delito de humillar y atentar contra la moral de persona, para lo que criticó que un ciudadano se puede encontrar frente a un señalamiento delictivo por haber hecho una broma o un relajo.
El abogado Ricardo Rojas León describió el nuevo código como “bipolar” debido a sus características contradictorias. Por un lado, tiene penas de 30 a 40 años para delitos graves. Por otro lado, incluye penas menores a un año, que permiten que el condenado cumpla su sentencia de forma más flexible.
