A pocos días de la rendición de cuentas número siete y dos años después que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, afirmara que “No podemos avanzar con salarios de miseria”, una investigación de la Fundación Juan Bosch y del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, (ISCOS, por sus siglas en italiano) demuestra que la clase trabajadora dominicana sigue percibiendo salarios de miseria y no tiene garantizados sus derechos laborales.
Basados en los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, que hace el Banco Central, el estudio evidencia que los ingresos del trabajo del 60% de los dominicanos, incluyendo los cuentapropistas, no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta familiar calculada para la población más pobre y el 80% gana por debajo de la canasta media.
Esto se traduce en que el 48% de los dominicanos se encuentren por debajo de la línea de pobreza oficial, en torno a los 4600 pesos, si se calculan solo los ingresos laborales y se dejan fuera las remesas y las ayudas del gobierno.
El informe, titulado “Caracterización de la clase trabajadora en República Dominicana: aportes para la acción social y sindical y la construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo”, concluyó que a pesar del fuerte crecimiento económico dominicano, los salarios reales de los trabadores dominicanos decrecen, y los mismos no son ajustados por la inflación acumulada ni se compensan por el incremento de la productividad del trabajo.
Por lo tanto, se reducen o, en el mejor de los casos, prácticamente se estancan, siendo así que en la actualidad el ingreso real promedio de los trabajadores es un 20% inferior al que prevalecía en 1999.
Además, el incremento de la productividad del trabajo es apropiado por el capital, ensanchándose cada vez más la brecha entre la productividad y el ingreso real de los trabajadores, siendo la base de la gran desigualdad en la distribución de la riqueza presente en el país.
La investigación, realizada por Matías Bosch Carcuro, Edgar García Cabrera, Airon Fernández Gil y Maritza Pérez Domínguez también apunta que el actual modelo económico tampoco genera suficientes empleos para reducir considerablemente la tasa de desempleo, la cual se sigue ubicando por encima de los dos dígitos; es decir, el desempleo que existe es “estructural”, de largo plazo o involuntario, que no disminuye ni desaparece mediante simples medidas de ajuste económico.
“En poco más de década y media la economía dominicana se encuentra entre las de mayor crecimiento económico de LAC (5% promedio anual). Sin embargo, este crecimiento ha ido acompañado fundamentalmente de una mayor participación del sector servicios, en detrimento de la participación los sectores productivos industrial y agropecuario y teniendo como uno de sus principales determinantes, el aumento sostenido del gasto público (sobre todo gasto corriente) muy por encima de los ingresos públicos, lo que ha llevado sucesivos déficits fiscales que tienen que financiarse con deuda pública”, indican.
Alto grado de informalidad
El estudio también reitera el alto grado de informalidad en el sector laboral dominicana, evidenciado en que dentro de los empleos creados en los últimos años, casi la mitad sigue generándose en condiciones de informalidad.
“Solo en 2017, dos terceras partes de los empleos creados fueron en el sector informal. El alto nivel de informalidad que presenta la economía dominicana se encuentra fuertemente relacionado con el hecho de que en la mayoría de los grupos ocupacionales los ingresos pagados en el sector informal son mayores que los del sector formal”, establecen.
Ficción jurídica
La investigación demuestra que a pesar del importante recorrido histórico que ha significado para la clase trabajadora dominicana haber conquistado una serie de derechos que hoy se encuentran establecidos en el Código de Trabajo, muchos de estos derechos parecieran estar solo formalmente en la Ley.
Concluye que los trabajadores dominicanos no gozan de las garantías reales que debe ofrecer un Estado social y democrático de derecho. La operatividad de múltiples normas resulta ser una ficción jurídica.
“Los niveles tan escasos de sindicalización implican una limitante fundamental para operativizar los derechos consignados en el Código de Trabajo de nuestro país. Indudablemente, la percepción del sindicato como “amenaza” por parte de los empleadores, se convierte en un aparato de goteo selectivo de las garantías posibles a los ojos de estos y una limitación importante para ejercer derechos en República Dominicana”, señalaron.
También criticaron la poca transparencia en las discusiones suscitadas dentro del Comité Nacional de Salarios generan la necesidad de que el país se aboque a discutir sobre la democratización y regeneración de esta instancia como instrumento real para la clase trabajadora y garantía de establecimiento de salarios dignos para las mayorías de nuestro país.
De igual manera, los investigadores lamentaron la ausencia de datos en torno al ejercicio de derechos como la negociación colectiva o la participación en los beneficios de la empresa, lo que en su opinión refleja una incapacidad real de las instituciones responsables como el Ministerio de Trabajo, y la aplicación de la Ley en República Dominicana. En suma, una vulneración evidente de los derechos de los trabajadores en el país.
