Solo en Bonao cinco personas denunciaron ser engañadas por el propietario de un grupo de negocios
Un grupo de cinco personas residentes en Bonao denuncia que han sido víctimas de estafa y préstamos usureros por parte del propietario de un grupo de negocio. Los señalamientos van desde préstamos a tasas exorbitantes hasta la venta de productos defectuosos.
En la última década, las fiscalías han sido testigos de un alarmante aumento en el número de denuncias por estafas, reflejando una tendencia preocupante que afecta a miles de personas en la sociedad. Los datos recopilados muestran una creciente incidencia de estos delitos financieros.
En el año 2013, se registraron 907 denuncias de estafas, lo que marca el comienzo de una tendencia ascendente. A medida que los años pasaron, las cifras siguieron en aumento, alcanzaron su punto máximo en el 2018 con un total de 4,818 denuncias. Este aumento continuó en 2019 con 4,672 denuncias adicionales.
El año 2020 hubo una ligera disminución en las denuncias, con 2,457 casos reportados. Sin embargo, esta disminución resultó ser temporal, porque en los años siguientes, el número de denuncias experimentó un aumento significativo. En 2021 y 2022, las fiscalías recibieron respectivamente 3,737 y 3,837 denuncias. El año 2023 ha presentado un preocupante comienzo, con un total de 1907 denuncias registradas en los primeros 6 meses de este año.
La historia de Elizabeth Cava Acosta se ha convertido en un llamado de atención sobre las prácticas comerciales abusivas y engañosas que afectan a los consumidores. Todo comenzó cuando esta vio una publicidad en las redes sociales sobre un comedor en una tienda llamada Subasta Motors.
“Cuando voy no lo tienen disponible y me enseñan unas fotos. Cuando me enseñan esas fotos yo veo uno que lo encuentro bonito, lo elijo y le digo que cuál es el procedimiento. Él me dice que le tenía que dar un avance del dinero. Yo le entrego 10.000 pesos, me dice que firme un papel y luego que debía de buscar a alguien que también se lo firmara”, dijo Elizabeth Cava Acosta.
Debido a que Elizabeth Cava había abonado 10 mil pesos y firmado un contrato para financiar 19,939 pesos, se comprometió a paga 12 cuotas mensuales de 2,660 pesos cada una, que resultó en un desembolso total de 31,920 pesos por la compra. Al analizar el monto de cada cuota, se puede concluir que la tasa de interés mensual aplicada asciende a un 13.34%, lo que se traduce en una tasa anual exorbitante del 160%.
“Empiezo a escribirle al muchacho al que me vendió. Escribo, escribo. Cuando veo que ya no me ponen asunto. Entonces yo investigo el número de teléfono del dueño, el señor José García, pensando que ese señor sí podía ayudarme y pensaba que era incompetencia de los empleados, él fue el que me la puso difícil. Él mandó a buscar el comedor, se queda con el comedor. Cuando yo voy allá a la empresa de él me dice que yo automáticamente perdía el dinero que le había entregado”, agregó.
Cuando Cava expresó su descontento en reiteradas ocasiones al vendedor que la atendió en el comercio en busca de una solución, pero se encontró con una pared de obstáculos. Incluso conversó con el propietario de la tienda, José García, quien se negó a devolverle el dinero y citó un contrato que ella había firmado.
“Cuando me enseñan el documento, la muchacha de la oficina, viene y trae el contrato y yo le digo déjame leerlo. Ella me lo pasa, yo estoy leyendo el contrato. Veo muchas irregularidades en ese contrato e incluso en donde están esas normas fuera del marco legal. Yo veo que tiene mi firma, pero que no es la firma, no es como yo firmo, es una firma distinta. No, no es mi firma. Entonces ahí yo me asusto. Y yo digo no, yo tengo mi abogado. Tiene que ver este documento”, explicó.
En esos momentos, Cava se hallaba en la tienda y de acuerdo con esta, debido a que la empresa se negaba a entregarle los documentos, esta salió de las instalaciones con el expediente para sacarle copia y luego regresarlo.
“Después de eso, yo lo denuncio en Pro Consumidor. Yo no quise aceptar, yo le dije que él me tenía que devolver el dinero o cobrarme o, no sé, dos o 3.000 pesos, quizás por de penalidad o lo que sea. Yo estaba dispuesta a eso, pero él me dice que no, que yo tengo que consumir la mitad en la tienda y yo le digo que no, incluso no tiene artículos en ese precio. O sea, yo tenía que elegir algo y pagar diferencia. Pues resulta que no. Entonces lo denuncian en mi red social y lo denuncian en Pro Consumidor”
Durante una de las dos audiencias que ha tenido en la entidad, esta expresó sus preocupaciones ante las autoridades presentes, señala que el contrato utilizado por la empresa de Jose García, a su parecer, presentaba algunas irregularidades evidentes. Sin embargo, a pesar de su argumentación y la presentación de pruebas, lamentablemente no recibió una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades presentes en dicha instancia.
“El supervisor porque hay un abogado y hay un supervisor de Proconsumidor, cuando ve ese detalle de ese contrato le pregunta al Señor que si él había ido a Proconsumidor con esas, con esas políticas, si esas cosas, esas condiciones, él le dice que no, o sea, Proconsumidor desconoce ese contrato y lo que él, lo que él le pide firmar a las personas”
Durante la visita a Pro Consumidor, Elizabeth Cava compartió su experiencia en un contexto en el que otra víctima también buscaba conciliación. En esta ocasión, Jose Darío Mella, quien previamente había sostenido una relación comercial con José García, expuso su caso.
Ese ciudadano le habría entregado 7 mil pesos de anticipo por un juego de habitación, pero a medida que avanzaba la transacción, se revelaron condiciones que definen como engañosas y excluyentes, lo que lo llevó a tomar la decisión de exigir la devolución de su dinero.
“Él tuvo que devolverle el dinero en Proconsumidor porque era que él no había ni siquiera él. El delincuente ese no tenía ni siquiera sus documentos. Nada, ni contrato, nada tenía. Y él tuvo que devolverle el dinero. 13:32
El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, confirmó que la empresa dirigida por García ha enfrentado dos reclamos por parte de consumidores. En uno de estos casos, se logró alcanzar un acuerdo de conciliación entre las partes involucradas.
“Cuando se nos contactó nosotros investigamos, Solamente ha habido dos casos. Uno se concilió entre ellos porque esto está lleno aquí de casos de este tipo de transacción comercial entre consumidores y proveedores en el área inmobiliaria mobiliaria. Y entonces. El otro caso precisamente se estaba conociendo este jueves y parece que las partes no se pusieron de acuerdo y ese expediente lo envían inmediatamente a la sede central”, dijo el funcionario.
Elizabeth Cava tomó medidas adicionales para respaldar su caso al grabar una conversación con el encargado de Proconsumidor en La Vega. En la grabación, Cava expuso diversos aspectos, incluyendo el hecho de que su situación no era un caso aislado. Y expresó su desacuerdo con la propuesta de recibir solo la mitad de los 10 mil pesos que había entregado inicialmente.
Jose García, dueño de la tienda, afirma haberse esforzado constantemente por encontrar una solución amigable con la cliente en cuestión. Reconoce que como comerciante comprende la importancia de mantener la satisfacción de sus clientes y evitar conflictos. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Elizabeth Cava decidió expresar su descontento a través de una publicación en redes sociales. Según José García, esta acción fue interpretada como difamación y, en respuesta, él tomó la decisión de presentar una demanda en su contra.
“Yo inicié un proceso por difamación que los abogados míos tienen ese proceso ya. De hecho, nosotros vamos bien adelantados con eso, ya tanto ella hay otras personas más. Mira tanto, todos los impuestos se pagaron ya todo, todo está organizado. O sea, yo me estoy llevando la cosa como va, porque tú sabes que tú no puedes tomar una foto de cualquiera”, explicó García.
La historia de Elizabeth no es un caso aislado. Otros consumidores también han compartido sus experiencias similares con la misma tienda, enfrentando problemas similares de publicidad engañosa, contratos cuestionables y falta de garantías adecuadas.
“El primer préstamo no lo hice yo, lo hizo mi esposa, que fue un financiamiento de una pasola. La Pasola tenía un costo de 52.000 pesos. Pagamos casi en su totalidad la deuda, cuando teníamos ya uno quedamos debiendo como unos RD$5.000 de esa pasola tomamos otro préstamo con base en un teléfono. Se financió un teléfono de 12 mil pesos o 13,000. Empezamos a pagar bien, luego tomamos otro préstamo de 25,000 pesos”, dijo Guarionex Rodríguez Concepción.
Según el testimonio de Rodríguez Concepción, el préstamo destinado a la consolidación de sus deudas se presentó inicialmente como una solución viable, con un monto que no superaba los 50 mil pesos. Sin embargo, lo que parecía ser una salida efectiva de sus obligaciones financieras se tornó en una experiencia problemática. A pesar de sus esfuerzos, Rodríguez se encontró con obstáculos que le impidieron mantenerse al día con el pago de la deuda.
“Yo paso por un proceso de salud, tuve dos cirugías, se les mandó a ellos la certificación médica, a partir de ahí entonces duré tres meses de licencia médica, no trabajaba en ese entonces, yo trabajaba en otra empresa que no es donde laboro ahora. Esa empresa tiene una sucursal fuera de Bonao. Me mandaron algo hace un año y seis meses. En ese entonces yo me quedaba pagándole a la empresa, a la financiera. No constantemente, pero sí le hacía depósitos mediante transferencia, les hacía pagos”, añadió.
La situación de tensión experimentada por Rodríguez alcanzó su punto culminante cuando recibió una intimación de pago por 60,000 pesos. Fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle que hasta ese momento había pasado inadvertido: las cuotas de su préstamo no eran mensuales, como él había asumido inicialmente, sino quincenales.
“Es casi el 50% de mi sueldo. Ellos. En ningún momento me preguntaron cuánto yo podía pagar, sino ellos me pusieron la condición. Ellos no me preguntaron. Y en el momento que lo hicieron ya yo hubiese firmado el acuerdo. Cuando yo llamo a la joven para decirle entonces ella me dice: Usted tiene un acuerdo firmado aquí ya, señor”.
Este descubrimiento amplió aún más la complejidad de su situación financiera. Con el transcurso del tiempo, las notificaciones legales de pago continuaron llegando de manera persistente, y cada una de ellas trajo consigo un incremento en la deuda que Rodríguez había contraído. La recepción de esos documentos legales resultaría en un aumento adicional de más de 1,000 pesos a su deuda total.
“Ese caso de él, tiene solución con ese contrato. La primera es pagar, la segunda es pagar. Bueno, si tiene una tercera opción, pagar. No hay forma”, dijo Jose García, propietario de Subasta Motors.
En uno de los contratos presentados por Jose García, propietario de Subasta Motors, fechado el 12 de octubre, Rodríguez se comprometió a pagar 125,000 pesos en dos cuotas. El contrato establece que en caso de mora de 5 días, el cliente deberá abonar un 5% sobre el monto de los pagos atrasados, junto con una suma de 125,000 pesos como cláusula penal, independientemente de su obligación principal de pagar intereses.
“En unos tres meses pasó todo eso. Luego de entonces me embargan las cuentas, después de que me embargan las cuentas cuando ellos me embargan la cuenta y me dicen que para yo liberar mi cuenta y la de mi esposa, me dice que yo tengo que saldar la deuda. Yo le digo que yo no tengo ese dinero. Pregunto que de cuánto es la deuda. Me dice que es de 164,000. Yo digo yo no tengo ese dinero”, dijo Rodríguez Concepción. Dos meses después, en enero de 2023, Rodríguez firmó otro contrato en el que su deuda ascendía a 224,000 pesos, a pagar en 64 cuotas quincenales de 3,500 pesos cada una. Aunque este nuevo contrato contenía términos similares al anterior, en caso de atraso, la indemnización a la empresa se fijaba en 135,850 pesos.
Guarionex Rodríguez sostiene que el aumento de su deuda se originó en la acumulación de documentos legales que se añadían a su cuenta, junto con los cargos por retrasos que se contabiliza a partir de 5 días. Por lo que se sumó su decisión de unirse a la lucha contra los abusos financieros al ver una publicación en contra de Soluciones García en Facebook.
“Fuimos a Pro Consumidor en Santo Domingo. Ellos nos dijeron que debíamos de llevar una copia del expediente. Yo cuando ellos me embargan la cuenta. Unos 20 días después que me embargan la cuenta, yo hablo con el magistrado procurador fiscal de Bonao, donde él me dice son esa gente, son usureros. Yo realmente no conocía la palabra usurero y él me explicó: Usurero es una persona que gana más de lo que tiene que ganar. Entonces yo le pregunto a él qué podemos hacer. Y me dice tú tienes dos opciones o le pagas o lo citamos aquí a la Fiscalía.
Rodríguez comparte sus esperanzas de que al hablar públicamente sobre su experiencia, logre llamar la atención de las autoridades competentes, ya que conforme su testimonio la empresa se niega a darle un expediente completo de su deuda.
Al preguntarle a Jose García qué pasó en el caso de Guarionex Rodríguez. este asegura que es un cliente de larga data en su negocio, y que su relación comercial había sido satisfactoria hasta este momento, y que si apelan a su humanismo él pudiera hacer un acuerdo para que este le pague el capital.
“Él se está quejando ahora porque de 138,000 pesos la cuenta se le va a meter en 224 mil por la tasa de interés, porque me va a durar 64 quincenas pagando, que equivale a dos años y pico, pagando entonces la tasa de interés de un dos, la ganancia le sube para allá ese punto de él. Por eso no hay que informarlo, porque lo firmó”.
Los denunciantes víctimas de estafas y préstamos altos aseguran han caído bajo la sombra de un negocio que prometía soluciones, pero en realidad sembró desesperación.
