El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo ayer que el Gobierno no intervendrá en las investigaciones que realice la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República con relación a la presunta corrupción que impera en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Expresó que espera que se haga justicia, una vez se establezcan las responsabilidades, porque entiende que es lo que espera la sociedad.
“Una vez establecidas las responsabilidades es de esperarse que se haga justicia, la ciudadanía espera que se haga justicia en casos como este y que las investigaciones lleven a establecer las responsabilidades y que eventualmente los tribunales establezcan la condena de lugar”, sostuvo.
La investigación que realizó la Cámara de Cuentas a la OMSA establece que el taller Grupo Empresarial Félix Marte fue quemado y demolido junto a los autobuses de la institución. Indica además que para la reparación de varias guaguas esa empresa erogó 29 millones 356 mil 751 pesos.
“Es evidente que en la OMSA hay un esquema de corrupción que está saliendo a flote de manera mucho más palpable con el informe de la Cámara de Cuentas y lo más probable es que surjan más cosas”, dijo al ser entrevistado en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por CDN, canal 37.
Finjus: preocupan las debilidades de los órganos del sistema de control
La Fundación Institucionalidad y Justicia consideró que es urgente que los poderes públicos tomen conciencia de las agudas debilidades del sistema de control interno y externo de los actos de la administración pública que ponen en riesgo las promesas del Estado de investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción, “ya que se vuelve a manifestar la desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar las prácticas corruptas dentro del Estado”.
“El rol que juegan las instituciones de control interno y externo es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que de sus actuaciones dependen los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de sus deberes frente a la ciudadanía. Su legitimidad operativa está supeditada al cumplimiento de los principios constitucionales y la esencia del servicio público”, señala la entidad, a través de un comunicado. La Finjus estimó que las contradicciones entre la Contraloría General de la República y la CCRD, además de revelar las deficiencias institucionales que debe prever el Estado en torno al combate contra la corrupción, se instala en el marco de la urgencia de fortalecer los órganos de control.
Choque entre Contraloría y la CCRD
Finjus consideró que la Contraloría debió abstenerse de autorizar los pagos de las reparaciones que no se enmarcaban en la Resolución No. 15/08. Así como también, vigilar internamente los trámites administrativos y verificar si existía alguna violación a la ley de función pública. En tanto que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pudo haber limitado la fiscalización sobre el contenido de los trámites administrativos realizados por la OMSA.
