Con el desembolso de 1.4 millones de pesos, el Gobierno dominicano inició la entrega formal de la ayuda económica destinada para las familias afectadas por la explosión registrada el pasado lunes 14 de agosto en un área comercial de San Cristóbal.
La primera partida de recursos estuvo dirigida a los familiares de los fallecidos, a quienes les fue entregada la suma de 50 mil pesos de manera privada en la Gobernación de San Cristóbal.
El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que las familias de las víctimas mortales, además, recibirán una contribución económica de 20 mil pesos mensuales, hasta diciembre de este año.
“Vamos a estar dando otra colaboración adicional, más específica y parcializada, en sentido de que los heridos tienen diferentes condiciones y dependiendo de cada condición se estará realizando el aporte”, dijo el funcionario al encabezar la rueda de prensa en la sede de la gobernación provincial.
Santos explicó, además, qué el Gobierno ya ha colaborado con los gastos fúnebres y médicos, de los fallecidos y de los heridos, por lo esta contribución no es para esto fines. Indicó también que las contribuciones se trabajan en conjunto con el Plan Estratégico y el Politécnico Loyola.
“No nos estamos limitando en términos de colaboración a estos aspectos, continuaremos dando acompañamiento psicológico a los familiares y también se ha designado un apadrinamiento a cada uno de los familiares para que se les dé seguimiento en este difícil proceso”, precisó.
El funcionario dijo también que se destinaran fondos para el emprendimiento de personas que hayan perdido su trabajo en este proceso y serán utilizados los recursos aportados por los sectores público- privado para fortalecer los mecánicos de emergencia de la ciudad. “Tenemos que sacar lecciones de este proceso y buscar la manera de seguir fortaleciendo los mecanismo de emergencia”, añadió.
Informó que los mecanismos de colaboración van a ser extendidos al personal de las instituciones de socorro que han participado en toda la operación de rescate.
De su lado la gobernadora, Pura Casilla, indicó que ya han sido distribuidos 900 mil pesos como respaldo para las personas que están ingresadas en los centros de salud.
“Se le ha estado apoyando con los medicamentos y alimentos para las familias y estamos asignando vehículos a los heridos que están en sus casas pero que tiene que ir a Santo Domingo para su cuidado y seguimiento”, aseguró
“Mi hijo no tiene precio”
Entre los familiares que acudieron a la Gobernación de San Cristóbal durante la entrega de los recursos estuvo Teodoro Ortega, quien desde el día de la explosión busca desesperado el paradero de su hijo Manuel Ortega, de 17 años, el cual salió de su trabajo a comprar un plástico en la zona comercial en la que se originó el evento.
Ortega manifestó que hasta el momento no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades de si su hijo es una de las 32 personas fallecidas que han contabilizado las autoridades, varias de estas aún sin identificar.
“Mi hijo no tiene precio, aquí lo que se está haciendo es imposible porque nosotros lo que estamos es destrozado, nosotros no estamos buscando cuarto”, fue su opinión al ser cuestionado sobre la ayuda que entregan las autoridades a las familias que sufren la pérdida de sus parientes.
Concluyen evaluación de daños en infraestructuras
A una semana de la explosión, la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peinado lucía casi libre de escombros, tras los trabajos de limpieza de las brigadas del Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. El intendente de los Bomberos, Ceranthoni Peñaló Tamárez, informó que concluyeron las evaluaciones de los daños en las infraestructuras afectadas por el estallido.
Adelantó que como parte de las conclusiones se recomienda la demolición de las edificaciones en las que operaban la tienda textil y la veterinaria. “Se va hablar con los propietarios para determinar cuándo lo van hacer”, precisó. En tanto, operativos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones realizan evaluaciones físicas de las viviendas y establecimientos a fin de determinar cuáles requieren reparaciones. Según informaron las autoridades, hasta ahora han sido intervenidos 12 viviendas y 70 comercios en los cuales se hizo el levantamiento, a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep) y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived). La meta es intervenir un alrededor de 100 lugares en su totalidad.
