La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) se quejaron ayer por las partidas asignadas a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) y al Poder Judicial, respectivamente, en el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024.
En ese sentido, la Finjus exhortó al Congreso Nacional a revisar el pliego legislativo en relación con los RD$696.7 millones presupuestados a la ONDP.
Dicho monto es un aumento en comparación a la asignación del presupuesto anterior de unos RD$50 millones. Esto en el marco de que la Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del 2023, le aprobó una asignación por el valor de RD$646.6 millones.
En por ello que la Finjus explica que el recurso establecido en la pieza depositado en la Cámara de Diputados y remitido a estudio en una comisión bicameral“ está muy por debajo de las necesidades y urgencias de la ONDP” que incluyen, entre otras medidas, superar el déficit de defensores públicos con la realización del concurso e ingreso a capacitación de 80 aspirantes a esa posición; la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional; así como mejorar las condiciones laborales de los defensores públicos, para optimizar el servicio ofrecido a la sociedad y cumplir con los mandatos de la Ley.
Card rechaza reducción de recursos a la Justicia
El Colegio de Abogados intimó al Congreso Nacional a rechazar la reducción de los recursos asignados al Poder Judicial contempladas en el proyecto de ley presupuesto nacional para el 2024, equivalente a 8 mil millones 623 mil 324 pesos y RD$ 9 mil 648 millones 535 mil 941 para la Procuraduría General de la República.
Según Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, la partida consignada viola la Ley 194-04, que consagra el 4.10% para el sector Justicia.
Afirmó que la asignación presupuestaria sería “un grave atentado” a la administración de justicia en el país, la cual, según él, se encuentra en crisis por la falta de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de la ciudadanía.
Esa situación genera “un retardo fatal en las decisiones judiciales plasmada en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables y más de 17 mil presos preventivos con prisiones vencidas”, señaló.
La ONDP es un órgano constitucional de justicia
La Oficina Nacional de la Defensa Pública es un órgano constitucional del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio de Defensa Pública se ofrece en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad.
