Entre la renta de vivienda para funcionarios y el montaje de eventos las dependencias estatales gastan millones
Conforme al portal de Transparencia Fiscal, en el montaje de eventos, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) pagó 1 millón 307 mil pesos para la celebración del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, de jueves 16 hasta el domingo 19 de enero del 2020 en el Hotel Now Larimar en Punta Cana. Unos días después la entidad pagó 3 millones 278 mil pesos por celebrar un congreso del 27 febrero al uno de marzo en el mismo hotel.
Los datos fueron revelados en una investigación del programa El Reporte con Julissa Céspedes, que se difunde los domingos a las 9:00 pm por CDN, canal 37.
El Ministerio de la Mujer, dirigido por Mayra Jiménez, firmó un contrato por tres días con la empresa Occifitur dominicana para el alquiler de un salón de hotel, habitaciones, alimentación y catering, para la celebración de la IV Conferencia Iberoamericana de Género que se realizó en enero de este año.
El costo de este alquiler superó los 17 millones 851 mil pesos, más de 4 millones de pesos por cada día.
En el 2021, el Instituto para el Desarrollo del Suroeste, Indesur, alquiló por siete meses dos apartamentos a Evelyn Jiménez Balacio en Azua, por una suma de 570 mil pesos, poco más de 40 mil pesos mensuales por apartamento.
A esta lista se suma el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que paga 968 mil pesos al año, por el alquiler desde el 2022 hasta septiembre del 2023 del apartamento 402 de la Torre Studio 15.6 Uptown, en el sector Serallés, Distrito Nacional.
Esa entidad arrendó otro apartamento en la referida torre, esta vez con un contrato a nombre de Fernando José Herrera Landestoy desde junio del 2022 al 2023 por un precio de 837 mil pesos, es decir 67 mil mensuales.
En el año 2018, el Instituto Dominicano del Café rentó un apartamento por un año para el uso exclusivo del director ejecutivo que en ese momento era Marino Suárez Joran, este detalle le costó a la entidad 712 mil pesos.
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) de febrero del 2012 al 2013, rentó un apartamento por un costo de medio millón de pesos, en el Edificio Martha Michelle, ubicado en la Calle Agustín Lara, en Piantini, para el uso del presidente de esta institución, Fernando Rosa.
En agosto de 2012, seis meses después, el Fonper alquiló otra vivienda para el titular de esa cartera, esta vez también por un año, en la Torre Balcón del Sol, ubicado en la Calle Manolo Tavárez Justo No.5, en la Urbanización Real por la que se pagaba en esa época 53 mil pesos mensuales, más de 600 mil pesos al año.
Parqueos
Los parqueos también entran en las deficiencias de infraestructura que tiene el Estado. El Consejo Nacional de Seguridad Social entre el 2020 y 2021 arrendó los pisos del sótano 4 y 5 de estacionamiento de vehículos de la Torre Silver Sun Gallery. La empresa beneficiada fue Gokwe Technology que recibió más de 2 millones y medio de pesos.
Conforme el portal de Transparencia Fiscal, en el año 2016 la administración central, es decir, los 23 ministerios que hay en el país, el Poder Judicial, la Junta Central, Cámara de Cuentas, Tribunales, entre otros, destinaron 2 mil 334 millones de pesos en alquileres y arrendamientos, para el 2017 la suma ascendió a 2 mil 797 millones; en el 2018 fueron 2 mil 938 millones y en 2019 el monto ya superaba los 3 mil 418 millones.
En el año 2020 los gastos en alquileres y arrendamientos sobrepasaron los 3 mil 918 millones de pesos, para 2021 descendieron a 3 mil 482 millones, cifra que sufrió un aumento en el 2022 con más de 3 mil 559 millones de pesos. En 2023, se presupuestó gastar 4 mil 123 millones y en tan solo cuatro meses se ha hecho los libramientos de 797 millones de pesos.
En total en el periodo que abarca de 2000 al 2023, las instituciones del Estado han destinado más de 10 mil millones de pesos para el arrendamiento de locales para el funcionamiento de distintas dependencias del Gobierno central.
Gastos en arrendamiento locales
Según la investigación, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) con más de 2 mil 213 millones de pesos.
La sede principal de Ogtic consta de 5 pisos que tienen una extensión total de 3 mil 927 metros, el beneficiario de este contrato es, Inmobiliaria Reservas, resultó adjudicado con mil 440 millones 331 mil 299 pesos, y solo por mantenimiento se pagará un millón 251 mil pesos.
A través de compras directas, en 2015, la Ogtic arrendó hasta el 2017 dos espacios en el Parque Cibernético de Santo Domingo, a un costo superior a los 7 millones de pesos, luego del 2017 y hasta el 2019 alquilaron un almacén por más de 188 millones pesos.
En 2019 firmaron un contrato hasta 2024 para una oficina de servicios gubernamentales en Colina Mall, en Santiago por un precio de 25 millones 638 mil pesos. En septiembre de 2020, un nuevo contrato para el alquiler de dos locales comerciales en Megacentro, a un costo de más de 33 millones de pesos.
El segundo lugar es para el Ministerio de Educación con más de mil 900 millones de pesos, seguido por el Ministerio de Turismo con más de 616 millones de pesos. El cuarto puesto es para Interior y Policía que ha gastado 494 millones de pesos, y en quinto lugar está el Instituto Nacional de Atención Integral (Inaipi) con 464 millones de pesos.
Lo que dice la ley sobre el procedimiento compras
Las compras directas de bienes y servicios en el Estado son permitidas cuando el monto no exceda los umbrales establecidos en la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas. Para el año 2013 el tope era de 76 mil pesos en la actualidad ronda los 147 mil pesos. Las compras directas no son una modalidad de selección, por lo que no se establecen plazos mínimos entre la publicación del procedimiento y la recepción de ofertas para proceder a la selección de los proveedores. Según la ley 340-06, solo se necesita solicitar una cotización a un suplidor con Registro de Proveedor del Estado para ordenar la contratación. Fue a través de ese procedimiento que por décadas el Estado contrató los servicios de alquileres y arrendamientos de locales para al funcionamiento de dependencias públicas. Uno de los alquileres que llaman más la atención se registró en 2006. Lo ejecutó el Ministerio de Medio Ambiente con Max Puig como titular, que hizo un acuerdo de alquiler por un monto de 47 millones de dólares por un año.
