Las demandas sobre la reapertura de los tribunales que hacen distintas agrupaciones de juristas cada día son más y ahora el conflicto se ha vuelto legal.
Esto así ya que se han depositado acciones, en diferentes instancias, para que se ordene volver a realizar las actividades del Poder Judicial y sus juicios de manera presencial, y no virtual como se ha estado haciendo como consecuencia de la presencia de la pandemia de la COVID-19.
República Dominicana no es el único país que han implementado las audiencias urgentes virtuales como una alternativa para garantizar el acceso a la justicia en tiempos de distanciamiento físico, también lo han hecho Panamá, Costa Rica, Chile, México, Argentina, Colombia, entre otros.
Para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) no ha sido suficiente para dar una respuesta satisfactoria a la demanda de justicia penal, los mecanismos y tecnologías que se habían venido implementado en Latinoamérica para el trabajo interno de los tribunales y la tramitación electrónica y considera que se hace indispensable un debate informado en el que se aborde la dinámica de realización de audiencias orales en el sistema de enjuiciamiento penal, que permitan por un lado proporcionar los debidos resguardos para la salud de todos quienes deben participar en ellas y el respeto irrestricto de las garantías procesales integrantes del debido proceso que deben estar presentes en un proceso penal propio de un estado de derecho.
La aplicación de los juicios virtuales no se encuentran instituidos en ninguna Ley y ponen en peligro el ejercicio del Derecho en el país, asegura el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que ayer depositó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa de inconstitucionalidad en contra de este tipo de audiencias y el cierre de los Palacios de Justicia del país.
Anterior a esto, la Agrupación de Juristas Independientes de la República Dominicana (AIJRD), la Fundación Cultura Constitucional (FUNCCONTS) y varios togados depositaron una acción constitucional de amparo colectivo ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional con el que buscan que el Consejo del Poder Judicial reaperture todos los tribunales y las áreas de la justicia.
Violación a la Constitución
Estas agrupaciones consideran que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y mantener los tribunales cerrados es una violación a la Constitución, los derechos constitucionales del acceso a una justicia rápida, accesible, oportuna y gratuita, la inexistencia de tutela judicial efectiva y las convenciones internacionales que el país ha adoptado.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, afirmó que la actual situación contenida en ocho resoluciones emitidas por el Consejo del Poder la Judicial violan varios artículos de la Constitución.
“Luego de más de tres meses en estado de parálisis judicial, nos encontramos con que el Consejo del Poder Judicial, no anuncia fecha para apertura de la Justicia, y se limita a anunciar el inicio de actividades judiciales ordinarias no presenciales, es decir virtuales, a través de plataformas tecnológicas de videoconferencias, internet, llamadas y juicios ‘virtuales’, estableciendo la imposibilidad de accesos inmediato a los tribunales, Cortes y Palacio de Justicia, en solo 15 de los 85 Palacios de Justicia”, expresó Surun Hernández.
El presidente del CARD, Miguel Surun, anunció una jornada de protestas, las cuales incluirán un gran plebiscito para el próximo viernes 3 de julio del 2020, para que todos los abogados del país “manifiesten su apoyo a la lucha por la apertura de la justicia y en contra los juicios virtuales”.
Surun Hernández consideró que el Consejo del Poder Judicial en violación a la Constitución pretende modificar toda la normativa procesal dominicana, es decir mediante resoluciones, se está modificando el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, la Ley 108-05, la Ley 821 de Organización Judicial.
Plan de Continuidad de Labores
De su lado, el Poder Judicial anunció para el 1 de julio la apertura de la fase intermedia del Plan de Continuidad de Labores, lo que implicará la celebración de todo tipo de procesos de manera virtual en los tribunales del país, en todas las materias e instancias.
A raíz de esto, los plazos procesales se reanudarán a partir del lunes 6 de julio, lo que habilita la actuación de los alguaciles en todas las materias.
De acuerdo con la Resolución 004-2020, del Consejo del Poder Judicial, los plazos empiezan a correr tres días laborales después de la fecha de inicio de cada fase, por lo que en esta ocasión se trata del lunes 6.
