Con esta acción se busca la recuperación del patrimonio que haya sido distraído de las arcas públicas
Santo Domingo.- El Estado dominicano se constituyó este viernes en querellante y actor civil en el proceso judicial que se lleva a cabo por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
Los abogados Nassef Perdono y Laura Acosta fueron los contratados para representar al Estado en materia civil, con lo que se busca resarcir los daños causados y la recuperación del patrimonio que haya sido distraído de las arcas públicas.
Ahora, el Estado está representado de dos formas en el caso, en la parte penal con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y en la parte civil con los referidos togados, que se constituyeron a través de Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
La constitución en querellante y actor civil se informó en la audiencia preliminar que conoce el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que aplazó la vista para el 7 de mayo próximo, pues los abogados Perdono y Laura Acosta le indicaron que el Estado presentará una querella adicional a la que elaboró la Pepca, y le dio el tiempo para que la formalicen.
En enero pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, mediante decreto conformó un equipo de abogados para que represente al Estado, en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente.
En este caso hay 17 personas implicadas a quienes se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
Los acusados son el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Además, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L. y los miembros de esa empresa, Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
La acusación presentada por el Ministerio Público establece que los citados funcionarios públicos se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
Refiere el expediente que éstos últimos tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos, resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y del pago de beneficios indebidos en forma de sobornos.
El Ministerio Público ha dicho que tienen una acusación sólida con más de 1,000 pruebas testimoniales y documentales que “demuestran que este es uno de los desfalcos inmobiliarios más grandes que se han cometido en la República Dominicana” y aseguró que están confiados que habrá, el juicio de fondo, una sentencia condenatoria.
