El Estado dominicano se constituyó ayer en querellante y actor civil en el proceso judicial que se lleva a cabo por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
Los abogados Nassef Perdomo y Laura Acosta fueron los contratados para representar al Estado en materia civil, con lo que se busca resarcir los daños causados y la recuperación del patrimonio que haya sido distraído de las arcas públicas.
Ahora, el Estado está representado de dos formas en el caso, en la parte penal con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y en la parte civil con los referidos togados, que se constituyeron a través de Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
La constitución en querellante y actor civil se informó en la audiencia preliminar que conoce el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que aplazó la vista para el 7 de mayo próximo, pues los abogados Perdono y Laura Acosta le indicaron que el Estado presentará una querella adicional a la que elaboró la Pepca, y le dio el tiempo para que la formalicen.
En enero pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, mediante decreto conformó un equipo de abogados para que represente al Estado, en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente.
Los acusados son el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional. Además, Juana Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L. y los miembros de esa empresa, Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, entre otros.
