Varias de las personas que el Ministerio Público ha llevado a la Justicia en el caso de corrupción administrativa Medusa, han llegado a un acuerdo con los fiscales.
Esta práctica no es nueva en el caso sobre el entramado que supuestamente lideró el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuando estuvo al frente de la institución. También ha pasado con otros que eran investigados y que no fueron sometidos por colaborar con información.
El más reciente que se declaró culpable es César Nicolás Rizik Pimentel, a quien el Ministerio Público señala como “presta nombre” de Jean Alain, acusado de crear un entramado para desviar miles de millones de pesos del Estado.
Rizik Pimentel dijo en la audiencia preliminar del caso, que se lleva a cabo en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que estafó al Estado con más de 130 millones de pesos. Sin embargo, manifestó que está arrepentido y dispuesto a colaborar.
Otro con el que fue acordado un criterio de oportunidad es Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la empresa Herraje Rachel, SRL.
La recompensa por colaborar es que el Ministerio Público solicitó contra Guzmán Oliver que se le dicten tres años de reclusión en modalidad suspendida.
Este imputado sería solo uno en la lista de acuerdos que dicen está “amarrando” el Ministerio Público, que en reiteradas ocasiones ha manifestado tiene “las puertas abiertas” para negociar.
Estos acuerdos en el caso Medusa se vienen dando desde hace más de dos años. Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, es otro que fue favorecido en este proceso tras un acuerdo.
De ser la mano de derecha de Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa, y ser buscado por las autoridades, pues estaba prófugo, quedó siendo el principal testigo del Ministerio Público en este proceso.
Cerca de 20 imputados llegarían a un acuerdo
La defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría, en un acto de extorsión y deslealtad procesal, concertó acuerdos de admisión de culpabilidad con diversos acusados, ofreciéndoles condenas sin cárcel y el perdón de sus familiares. Dijo que el Ministerio Público ha utilizado chantajes, amenazas y promesas para lograr que cerca de 20 acusados admitieran.
