El juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, precisa las áreas en las que se estará trabajando a través de audiencias virtuales
Con reglamento en mano, una ley promulgada y un amplio consenso entre los diversos actores judiciales, empresariales y civiles; el año 2023 pinta como una nueva era para el Poder Judicial.
Y es que después de un largo camino de debates, incidencias y controversias; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó en octubre el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 339-22 que habilita el Uso de Medios Digitales.
Por tal razón ya todo está listo. Y así lo ha revelado el juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, quien dijo que las audiencias virtuales volverán a reanudarse este año en el sistema judicial de la República Dominicana, solo que de manera paulatina.
Durante una entrevista con el periódico elCaribe, Montero señaló que por lo pronto, en al menos cuatro sedes judiciales, pudieran estar instaurándose nuevamente las audiencias virtuales.
“Hay sedes judiciales que ya están listas para iniciar”
“Hay sedes judiciales que ya están completamente preparadas para iniciar; por ejemplo, en el caso de La Vega, tiene todos los estándares y requerimientos para empezar las audiencias virtuales; pero también es importante y hay que resaltar, la idea no es comenzar las audiencias virtuales en todas las materias de manera simultánea, sino ir implementándolas cada una por jurisdicción y por materia”.
Montero explica que si se elige la materia laboral para implementar las audiencias virtuales, se estarían trabajando esas áreas hasta pasar a la siguiente; ya sea la de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA); la inmobiliaria, la civil y finalmente la contenciosa administrativa.
Una de las características de la Ley núm. 339-22 que habilita el Uso de Medios Digitales es que las audiencias virtuales no aplican en materia penal, ya que se llegó al consenso de que se pudieran estar vulnerando derechos.
No obstante, el reglamento permite que se utilicen las vías digitales en casos excepcionales; por ejemplo, cuando un testigo sienta que su vida corre peligro al declarar frente un ciudadano; o cuando una presunta víctima de violencia intrafamiliar tenga que testificar delante de un acusado, entre otras variables que atañen a una persona en condiciones de vulnerabilidad.
Las plataformas digitales
Otro de los puntos neurálgicos de la nueva ley son las plataformas digitales, las cuales permiten una mayor accesibilidad entre los diversos actores judiciales.
De acuerdo con Montero, las plataformas digitales van a permitir que los abogados tengan una modalidad de comunicación con el tribunal siempre remoto, desde su aparato y lugar en que se encuentre.
“Los abogados podrán mandar el depósito de sus documentos. Pero igualmente podrán ver en tiempo real las conclusiones de las medidas y se prevé que los abogados también tengan un buzón digital, que será una cuenta con usuario donde ellos podrán entrar para ver la trazabilidad de su expediente”, detalla el juez de la Suprema.
El magistrado califica de “magia” la implementación de la Firma Digital en el Poder Judicial al destacar que esta contribuye a reducir el uso de papel y otros materiales.
Además, resalta que con la Firma Digital un juez puede firmar en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que a su vez se traduce en eficiencia.
Según Montero, esta herramienta aumentará la confidencialidad e integridad de los documentos firmados, agilizará la emisión de certificaciones a terceros y aumentará la seguridad documental mediante un protocolo de verificación.
Antecedentes
La Ley núm. 339-22 promulgada por el Poder Ejecutivo el 30 de julio del año 2022, es la primera iniciativa impulsada por la Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
El Poder Judicial desde el año 2020 enrumbó su proceso de transformación con el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24, iniciativa que comenzó a ser aplicada desde el 7 de enero de ese año.
El Plan, que se ejecutaría dentro de un plazo de cinco años y apoyado en gran medida en el uso de las herramientas tecnológicas, tuvo que ser acelerado debido a la pandemia del covid-19 y el estado de excepción decretado en marzo de 2020.
En julio de 2022, el Senado de la República convirtió en ley la iniciativa de Uso de Medios Digitales.
Tras la promulgación de la ley núm. 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, el seno de la Suprema Corte de Justicia trabajó en el Reglamento de aplicación de la joven normativa.
Para ello se inició un proceso de consultas y socialización a lo interno del Poder Judicial; mientras que a lo externo fueron consultados abogados, decanos y directores de Escuelas de Derecho, así como representes del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD).
Se realizaron encuentros que abarcaron los 11 Departamentos Judiciales y otros tres con actores externos, el primero en la Universidad Católica de Santo Domingo con abogados, el siguiente en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) con los decanos y directores de la carrera de derecho, y el tercero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el que participaron más de 1,500 representantes del gremio que agrupa a los profesionales del derecho.
Retos del Poder Judicial
El juez Justiniano Montero enumera algunos de los retos que tiene ese poder del Estado en este año.
El primero de ellos es que se pueda implementar de manera exitosa el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, específicamente las audiencias virtuales y las plataformas digitales.
Otro reto sería que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se maneje durante este proceso con cautela y madurez de cara a la ciudadanía.
“Hay que crear un ambiente donde la gente, los usuarios, crean en la efectividad de este servicio. El otro reto, que no es menos importante, es que el personal que va a liderar y a dar la cara por estos servicios, tiene que estar lo suficientemente preparado, en condiciones idóneas, para que mantenga siempre en alto la efectividad y la eficiencia”.
