La oficial de comunicaciones del Movimiento Dominicanos X Derecho, Clara Morel, denunció este miércoles que la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14 en el Ministerio de Interior y Policía (MIP) para el proceso de nacionalidad, está cerrada desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en marzo del año 2020.
Afirmó que desde ese momento no se ofrece información ni se da seguimiento a los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana que, a su juicio, merecen la nacionalidad dominicana.
“Se está jugando con miles de vidas, tanta gente con deseo de superación, tanta gente que rompe brazos por un trámite al que tienen derecho y no se les ha dado respuesta”, lamentó, al ser entrevistada en Despierta con CDN.
En ese sentido, manifestó que el Ministerio de Interior y Policía en la actualidad es un espacio cerrado para el liderazgo comunitario, por lo que, dijo, no hay manera de plantear la problemática y buscar una solución efectiva.
En el caso de los dominicanos que gozaban de su documentación de identidad registrada en la Junta Central Electoral (JCE), citando cifras oficiales explicó que una auditoría del año 2015 determinó que 61,000 “dominicanos” hijos de ambos padres extranjeros están inscritos en el Registro Civil, de los cuales 27,000 han recuperado sus documentos.
Sin embargo, dijo que todavía existe un total de 34 mil personas que permanecen pendientes, al tiempo de manifestar que la restitución es “entrecomillas”, porque las personas afectadas deben seguir una serie de procesos diferenciados en la JCE.
En este sentido, sostuvo que sin un acompañamiento legal es muy difícil que puedan obtener acceso a los documentos, declarar a los hijos y otros trámites que, a su juicio, son relativamente sencillos para el resto de la población, mientras a ellos se les complica.
Discriminación por transcripción
“Hay un proceso de validación, los descendientes de haitianos se atienden en el Departamento de Extranjería, lo cual es un acto de discriminación y de segregación. También hay algo particularmente peligroso, todos los dominicanos que son hijos de haitianos, hayan o no estado regulado sus padres al momento de su nacimiento, están siendo transcritos a libros especiales. Es decir, se anula el registro original que le otorgó el Registro Civil al momento de su declaración y se les da un registro en un denominado libro de transcripción”, expuso.
La activista dijo que esta situación también incluye a los hijos de haitianos nacidos en el país que hayan resultado o no afectados por la sentencia 169-14, al tiempo de advertir que en cualquier momento se podría producir una invalidación masiva de documentos similar a la ocurrida en el período 2007-2011.
Al respecto, señaló que determinados grupos conservadores del país no aceptan que existe una población dominicana diversa, con derecho a integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones, al reiterar que la transcripción que inició en el año 2015 representa un peligro, debido a que está creando duplicidad de registro y da a entender que todos esos dominicanos nacieron a partir de ese año.
Explicó que la Junta Central Electoral utiliza el argumento de que con esta práctica cumplen el mandato de la Ley 169-14, pero aclaró que la norma lo que establece es que se devuelve la documentación sin ningún trámite a cuenta del beneficiario.
Un estado discriminador
En ese sentido, expresó que existe la necesidad de cambiar en el Estado dominicano la lógica de la discriminación y exclusión no solo a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, sino también a los ciudadanos de bajos recursos económicos.
Para ella, los problemas en el acceso a los servicios documentales no se limitan a la población dominicana de ascendencia haitiana, sino que “lamentablemente la JCE ha venido en un estado de retroceso en el tema la prestación de servicio, porque discriminar y excluir sale caro y produce una serie de situaciones que conducen a la ineficiencia”.
Al ser cuestionada por los requisitos y condiciones que establece la Constitución para otorgar la nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en el país, la activista aclaró que está reclamando por los derechos única y exclusivamente de los que nacieron antes de la entrada en vigencia de la Carta Magna del 26 de enero del 2010, debido a que, según dijo, tienen vínculos y arraigos para adquirir la ciudadanía dominicana.
Al preguntársele si esos hijos de extranjeros tienen la nacionalidad de sus padres, respondió que no porque deberían agotar un proceso muy complicado. Para ella, esto implica que el Estado obligue a sus nacionales renunciar de un derecho para ir a otro país a ver si eventualmente pueden ser reconocidos.
La doble nacionalidad
Aunque reconoció que en República Dominicana existe el derecho a la doble nacionalidad, expresó que es decisión de la persona si quiere ser doble nacional o si desea hacer valer el derecho que le corresponde a la nacionalidad del país. “Eso queda a criterio de cada quien. Vemos esos mismos casos en hijos de dominicanos que viven en otros países”, añadió.
Asimismo, consciente de que la Constitución del 2010 no establece la nacionalidad de pleno derecho a los hijos de extranjeros que nacen en territorio dominicano, debido a que establece requisitos obligatorios, consideró que la sentencia 169-14 no debió aplicarse con efecto retroactivo.
Indicó que los hijos de extranjeros afectados por la sentencia 169-14 son entre 123 y 135 mil, de los cuales se les han permitido acceso a sus documentos a 61,000, mientras que de éstos solo hay 27 mil que tienen sus documentos a mano y queda el resto de la población que no se les ha restituido la nacionalidad a través del mecanismo que la ley creó.
La Ley 169-14, sobre naturalización
Clara Morel recordó que la Ley 169-14 dividió a las personas afectadas por la sentencia en dos grupos: uno en función a los extranjeros que contaban con inscripción en el Registro Civil Dominicano, el cual ordenaba la devolución inmediata de su documento de identidad sin ningún trámite a cuenta del beneficiario.
Mientras que para el segundo grupo, constituido por los ciudadanos extranjeros que no estaban inscritos en el Registro Civil, la sentencia ordenó una especie de registro especial a cargo del Ministerio de Interior y Policía, bajo la promesa de que adquirirían una categoría migratoria intermedia y provisional, siendo este, dijo, el bajadero que se buscó a los fines de que adquieran la nacionalidad dominicana.
Indicó que para el proceso de registro especial se otorgaron unos plazos, a los fines de que las personas interesadas se registraran. “Así lo hicieron 8,852 dominicanos que confiaron en la institucionalidad del país, que depositaron sus documentos, invirtieron tiempo y recursos”, expresó.
Violación a dos decretos
Añadió que de ese grupo se aprobó un total de 7,948 solicitudes, por lo que dos años después recibieron su documentación provisional por parte de las autoridades dominicanas pero que en la actualidad tienen la documentación vencida. “Y digamos que a partir del 2018 hacia acá, luego de esa entrega de documentación, es poco lo que ha avanzado. Se emitieron dos decretos, uno a la salida de Danilo Medina y otro a la llegada de Luis Abinader, que otorgaban la nacionalidad a 799 personas de este grupo, y lamentablemente no ha sido efectivo”, expuso.
Lamentó que a la fecha no se les haya otorgado la nacionalidad a estas personas, por lo que se declaró en pie de lucha debido a que la mayoría de los afectados son personas jóvenes con sueños y metas que cumplir.
“Muchos de los cuales aprovecharon el ínterin de la documentación intermedia, se registraron en la universidad, adquirieron un trabajo, reiniciaron una vida que tenían estancada, y ahora, ¡otra vez! están con su documentación vencida”, expuso Clara Morel.
¿Qué hacer?
La representante del Movimiento Dominicanos X Derecho solicitó el fiel cumplimiento de la Ley 169-14, en beneficio de los afectados, y la restitución plena de nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en el país, como derecho y acto de justicia.
Asimismo, pidió que las autoridades restablezcan la conversación que durante muchos años los activistas habían tenido con funcionarios claves y que había permitido avanzar en la problemática.
