Son las 10 de la mañana y una madre baña a sus dos hijos en la cañada que divide al sector Los Morenos, mientras un joven lava sus sandalias cerca de estos. Aquí la modernidad no ha llegado, la gran mayoría no tiene documentos, trabajo ni seguro médico. Su futuro no es alentador.
En 2017, el programa de Asistencia Social del Ministerio de Interior y Policía, realizó una iniciativa que buscaba ayudar a niños, niñas, adolescentes y adultos que no contaban con registro de nacimiento. Pretendía armar sus expedientes, para luego remitirlos a la Junta Central Electoral (JCE), a fin de que obtuvieran sus actas de nacimientos.
De acuerdo a la información publicada por esta institución, se estaba trabajando en toda el área de la ribera del Río Ozama, Los Guaricanos, Los Guandules, La Cañita, Villa María y Los Alcarrizos.
Para esa fecha, solo en Los Guaricanos se registraron más de 2,500 personas que no tenían documentos legales.
Un año después, se hizo un levantamiento a nivel nacional donde salió a relucir que unos 300 mil dominicanos no tenían actas de nacimiento y en ese entonces, los actores del sistema de Justicia, los gobiernos locales y las universidades del país, firmaron un acuerdo interinstitucional mediante el cual se daría respuesta a esta situación.
Este proyecto de documentación estaba dentro del marco de “Quisqueya Digna”, que se inició en la segunda gestión del gobierno del expresidente Danilo Medina, cuyo objetivo era impulsar la efectividad de las ayudas sociales para reducir la pobreza, la exclusión social y fortalecer las clases medias.
A pesar de todos los esfuerzos y convenios que se han firmado para resolver el problema de documentos en nativos dominicanos, es mucho lo que falta por hacer. Hay miles de personas que no tienen conocimiento del procedimiento que deben seguir para sacar sus papeles en la Junta Central Electoral.
Tal es el caso de una localidad llamada Los Morenos, ubicada a unos 6 kilómetros de la estación del Metro Mamá Tingó, que a pesar de su cercanía, parece ser un mundo aparte de la civilización.
Sin asfalto ni agua potable y con problemas de electricidad, viven decenas de personas en situaciones muy precarias y, por si fuera poco, muchos de ellos no portan documentos.
Prácticamente son invisibles para el Estado. Ciudadanos que nunca han votado en unas elecciones, que no reciben ayuda del Gobierno y que carecen hasta de un plato de comida.
Ni siquiera en tiempos de campaña, los políticos se acuerdan de esta localidad en la que el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, debido a las condiciones de las calles, no entra a dar asistencia a los enfermos.
En una casa de madera, con piso de tierra y detrás de una cañada, que cuando llueve inunda su vivienda de agua, vive Fernando Jiménez del Carmen, con una condición de salud que le impide trabajar.
Una sonda, un pie herido y una mirada triste, es lo único que le queda a este hombre de 63 años, quien a pesar de las dificultades se mantiene esperando un milagro.
Fernando hace alrededor de ocho años que cayó del techo de una casa cuando arreglaba el agua potable y esto provocó que le pusieran una sonda, de acuerdo con su versión, aunque esta no es de por vida, debe pagar alrededor de 10,000 pesos para ser operado con láser.
“¡He luchado y luchado, pero no consigo como operarme!”, manifiesta.
La odisea para acudir a un lugar digno para atender su salud es inexplicable y las posibilidades de ser atendido por médicos especialistas se ve reducida a cenizas debido a que sin documentos no puede tener un seguro médico ni ayuda de las autoridades en medio de la pandemia.
“Por aquí no ha venido nadie, no hay síndico que resuelva, ni siquiera cuando están en política se acuerdan de nosotros”, añadió a su relato.
En tiempos de tormenta, Fernando pone su cama en cuatro blocks que no impiden que sus pies se llenen de lodo.
Con voz apagada, cuenta que muchas noches se acuesta sin comer, pues depende de las dádivas de sus vecinos.
“Yo tenía cédula de librito hace mucho tiempo cuando vivía en las lomas. Me crie en la Florinda, El Cacheo, de San Juan y vine para la capital buscando una mejor vida. Esa cédula se me perdió allá y desde entonces no he podido conseguirla”, recordó.
A menos de dos esquinas, con un tabaco en mano y esperando una taza de café, se encuentra Teófilo Soriano. No está seguro de cuándo nació, pero estima que pudo ser entre 1940 y 1950. Tiene unos seis años viviendo en Los Morenos.
Con una mirada que, muestra lo dura que le ha sido la vida, su alegría contagia al corazón más desesperanzado.
Sin acta de nacimiento ni cédula, Teófilo es una de las personas que clama al Estado para que se acuerden de ellos.
“¡El gobierno nunca me ha dado nada! Yo nunca he votado y tampoco sé por quién lo habría hecho porque eso hay que pensarlo bien”, expresó.
“Te imaginas a una persona enferma, pobre y sin seguro médico por no tener documentos, así no se puede vivir”, agregó.
A pesar de no tener esposa, su hija más grande quien vive en Yamasá, cada semana lo suple de alimentos para que se sostenga cada día.
“El que se agarra de Dios no se cae. Doy gracias porque, aunque no puedo trabajar, no me falta nada. No sufro de ninguna enfermedad y mi único vicio es el café”, destacó con una sonrisa.
Su única preocupación es tener sus documentos ya que está consciente de que “hasta para ser sepultado necesita una cédula”.
Madres sin documentos que temen por el futuro de sus hijos
Otro de los tantos casos que hay en Los Morenos, es el de Ruth Esther, una mujer de 33 años, abandonada por su madre cuando era un bebé y con un padre alcohólico que, según cuenta, nunca se preocupó por sacar su acta de nacimiento.
Esther tiene cuatro hijos, ninguno de ellos tiene documentos, pero por su insistencia ha logrado inscribir al mayor en la escuela y en estos momentos cursa el primero de bachiller, los demás están en salas de tarea.
“Mi hijo mayor tiene 13 años y para que no pase lucha con las clases virtuales, le compré un celular barato. Los otros tienen trece, once y 7 años”, detalló.
A pesar de que sus ingresos mensuales no llegan a RD$5,000, Ruth hace todo tipo de trabajos para sacar a sus hijos adelante, desde planchar ropas hasta lavar y limpiar en casas.
Su mayor anhelo es que ninguno de sus descendientes pase por todo lo que ella ha pasado por no tener documentos.
“Yo no quiero que mis hijos dejen de aprender, yo no soy nadie pero quiero que mis hijos echen para adelante”, dijo entre lágrimas.
Llena de indignación, se queja de que los políticos siempre acuden a su casa para prometer ayudas pero al final solo se quedan en palabras.
Al frente de Ruth Esther, vive Ana Yudelka, una mujer de 37 años, madre de 9 hijos quien tampoco tiene documentos.
Yudelka cuenta que no tiene acta de nacimiento por “falta de interés de sus padres”, porque aunque se crió con su abuela, ellos nunca la declararon mientras estaba pequeña.
A pesar de esta difícil realidad, sus hijos más grandes llegaron a octavo de la primaria debido a que por las pruebas nacionales no podían seguir cursando sus estudios.
La situación económica en la casa de Ana es complicada, su hija acaba de dar a luz y en estos momentos no está trabajando, y su hijo que laboraba en colmados fue despedido al llegar la pandemia del coronavirus.
Yudelka trabaja en casas de familia pero también explica que la situación económica es tan compleja para ellos que cuando no hay ropa para lavar, hace arepas y dulces para poder sustentarse.
“Cuando no tienes documentos se te dificulta todo, nosotros no existimos ni para el Gobierno ni para nadie, aquí solo la calle principal es importante. El cambio aquí nunca llegó”, precisó.
¿Por qué no ha intentado buscar sus documentos?, se le pregunta.
Responde que los abogados que ha contratado la han engañado y que prefiere dejarlo así.
Tiene la esperanza de que su situación y la de sus nueve hijos mejore para que tengan una vida digna, sin todas las vicisitudes que ella ha tenido que pasar.
Jóvenes con un futuro “incierto” por falta de documentos
Juan Carlos Soriano Amparo, de 23 años y Juan Carmona, de unos 18 años, son dos hermanos que a pesar de su edad no tienen documentos y sus hijos fueron declarados por sus madres debido a esta situación.
El hermano mayor, tiene dos hijos y solo llegó a sexto de la primeria en una escuela en Los Guaricanos, donde él tomó la iniciativa de inscribirse, para aprender a leer y escribir.
El menor, también tiene dos hijos y cursó la escuela hasta tercero de primaria en un centro de Yamasá, donde vivía con su abuela.
Cuentan que su madre tampoco tiene documentos debido a que su abuela “se quitó 10 años en la cédula” y es imposible que la registren ya que las edades no coinciden.
“Nosotros somos cinco hermanos, mi mamá cogió pila de lucha para arreglar esos documentos, pero ha sido imposible”, expresaron por separado ambos jóvenes quienes trabajan en la construcción.
Sin ayuda del Gobierno, no tienen esperanza de salir adelante porque cuando tratan de buscar buenos empleos es imposible conseguirlos porque no tienen documentos y su nivel académico es bajo.
Por descuido de sus padres, Rossy Cela Fernández, de 21 años, tiene tres meses de embarazo y una niña de tres años sin declarar.
Rossy relata que solo llegó hasta séptimo de la primaria porque al pasar de nivel en la escuela que estaba no quisieron entregar sus calificaciones debido a que no contaba con los papeles.
Sus padres tienen documentos, pero ella no, y esto se debe a que cuando nació su papá “tomó el papel del hospital y le dijo a la mamá que la declaró, pero no era cierto”.
Posteriormente el documento de la clínica se perdió y Rossy se ha quedado estancada.
La hija de Rossy pronto iniciará la escuela pero al no estar declarada no sabe cómo se hará con el proceso de inscripción.
“Quería que mi mama la declarara, pero no se puede”, argumentó.
Cuenta que no tiene trabajo porque siempre le piden la cédula y que cuando su niña se enferma la lleva al Centro de Salud de Villa Mella donde dan atención médica a personas sin papeles.
“Hace unos años perdí un embarazo y salir del hospital Ney Arias Lora fue un problema por no tener documentos”.
https://www.youtube.com/watch?v=wCbYgGB7d0E&feature=youtu.be
