El Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal ordenó la comparecencia a la audiencia preliminar del teniente coronel de la Policía Nacional, Julio Ernesto Germosén, implicado en un doble homicidio ocurrido el 16 de septiembre de 2016.
La citación se produjo a solicitud de los querellantes, quienes señalan al actual director de investigaciones de la compañía 17 de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de estar involucrado en los hechos donde perdieron la vida el primer teniente del Ejército, Dionisio Medrano y su esposa Josefina Reyes, quien se encontraba embarazada.
Por este caso, que se registró en el interior del colmado “El Guardia” de la comunidad Canastica, ya fueron imputados 20 policías.
Se trata de José Cuevas Arias, Nataniel Monero Rojas, Carlos Alfredo Norberto, José Lorenzo, Bonifacio Martínez, Yoel Díaz Ogando, Julio de Jesús Trejo y Cristian Casilla Acevedo, quienes cumplen prisión preventiva, como medida de coerción, en la cárcel de Operaciones Especiales desde el pasado 27 de agosto.
Además de Franklin Santana Taveras, Danilo Rodríguez, Juan Figuereo Bautista, Satos de los Santos Turbí, Carlos Hidalgo, Luis Alfredo Romero, Cristian Robles de los Santos, Andy Nivar Pérez, Luis Solís Escobozo, Jhonatan Cabrera Torres, Samuel Beltré y Luis Sánchez Alcántara, sobre quienes pesa presentación periódica e impedimento de salida.
Balas y bombas
En el lugar de los hechos se incautaron más de 60 casquillos de bala y se recolectaron fragmentos de bombas lacrimógenas, las cuales habrían sido utilizadas durante el procedimiento, al que la PN califica como un enfrentamiento.
En la resolución de medida de coerción, del 27 de septiembre de 2016, las víctimas señalan que “se dispararon más de 60 balas, se lanzaron dos bombas lacrimógenas, hay una bomba que cayó dentro del colmado y explotó en una funda de corn flakes, el único propósito era cometer el homicidio, aún y cuando el hoy occiso salió con las manos arriba, con la pistola en la mano, aun así lo mataron vilmente, ni en los crímenes de guerra”.
El Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, conoció ayer la audiencia preliminar y la aplazó para el 3 de octubre.
La decisión, refrendada por la jueza Rosa Mateo, se produjo a los fines de que se convoque a los representantes de las instituciones civilmente demandadas: Policía Nacional y Ministerio de Interior y Policía, a quienes los querellantes demandaron por 500 millones de pesos, como indemnización a favor de los familiares de ambas víctimas.
Familiares exigen que el crimen no quede impune
La hermana del teniente fallecido, Juliana Medrano, junto a un grupo de familiares, protestó a las afueras del Palacio de Justicia de San Cristóbal para exigir que este crimen no quede impune. “Mataron gente inocente, mientras que los verdaderos delincuentes andan en la calle haciendo de las suyas, junto con ellos. Por eso nosotros queremos que se haga justicia y los responsables paguen; a esta gente la mataron en su negocio trabajando”, dijo.
