Diputados de distintas bancadas solicitaron que el Gobierno central intervenga en la situación que mantiene a los cabildos del Gran Santo Domingo enfrentados con Lajún Corporation.El vocero del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, consideró que el Estado debe asumir el control del vertedero de Duquesa y ponerlo bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente.
También estimó que es ese Ministerio quien debe organizar los espacios para dar las facilidades a los alcaldes del Gran Santo Domingo para que puedan vaciar los desperdicios. “No podemos permitir que una empresa extranjera, que según rumores e investigaciones que se están realizando, ha incurrido en acciones de falsificar contratos, estén poniendo las reglas del juego a nuestros alcaldes”, señaló el legislador.
Mientras el vocero del Partido Revolucionario Dominicano, Radhamés González, consideró que el Gobierno central debe ser el árbitro entre Lajún y los ayuntamientos a través de los ministerios de Medioambiente y de Salud. Asimismo, recomendó revisar el contrato que tiene la compañía con los ayuntamientos respecto al vertido final de la basura.
En tanto que el diputado por el PRM, Amado Antonio Díaz, dijo que el problema de Lajún y los ayuntamientos es un tema legal y debe ser judicializado para que un tribunal decida. Dijo que como todo contrato, el de los ayuntamientos con Lajún está sujeto al arbitraje.
El presidente de la Comisión de Contrato Héctor Félix, que investiga la venta de los terrenos del vertedero de Duquesa, dijo que la indagación de la que está apoderada dicha comisión es independiente a los problemas que están atravesando actualmente los cabildos con esa empresa. “El problema de ellos es administrativo por asuntos financieros. El caso de nosotros es un asunto legal, y que estaremos rindiendo un informe al hemiciclo”, dijo el legislador.
