El Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, emitió ayer una decisión histórica en materia de lucha contra la corrupción administrativa al imponer medidas de coerción contra 13 de los 14 imputados por el caso de sobornos Odebrecht. En su escrito, el magistrado especificó que en atención al artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, se ordena prisión preventiva por un año en la cárcel pública de La Victoria, para Ángel Rondón Rijo; nueve meses de prisión preventiva en la cárcel modelo de Najayo para Víctor José Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga; seis meses para Juan Temístocles Montás, Ruddy González y Porfirio Andrés Bautista García, en el mismo centro de reclusión y tres meses para Máximo Leonidas de Óleo Ramírez y César Domingo Sánchez Torres, también en la cárcel modelo de Najayo.
En el caso de Ramón Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, el juez Ortega Polanco ordenó, basado en el artículo 226 numeral 6 del Código Procesal Penal, prisión domiciliaria contra estos imputados, por un lapso de nueve meses.
A los legisladores Tommy Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián y Alfredo Pacheco Osoria se les impuso la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 1 y 2, consistente en el pago de una fianza de RD$5,000,000 como garantía económica e impedimento de salida del país.
Proceso complejo
El juez, además, declaró complejo el proceso, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir el procedimiento preparatorio y ratificó el desglose del expediente del imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra fuera del país y no se ha presentado al proceso.
Frente a esta decisión, las partes tienen ahora 20 días para introducir, ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, los recursos de apelación.
A su salida de la audiencia, el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, señaló que es una persona respetuosa de las normas y de la justicia y destacó que en este caso seguirá las recomendaciones técnicas que le hagan sus abogados.
También el senador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, dijo que se limita a la espera del estudio del caso por parte de sus abogados y lamentó la situación de los imputados por la imposición de la coerción.
El diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, salió bastante consternado y enojado de la audiencia y se negó a hablar con la prensa; mientras que el empresario Ángel Rondón Rijo expresó a su llegada a la celda de Ciudad Nueva, desde donde será trasladado a La Victoria, que “ahora es que empieza el pleito; tenemos un año en las costillas, ahora es que empieza el pleito, porque el juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría porque no tienen ninguna prueba y se los hemos manifestado a todos, entonces si la justicia es la presión social, entonces debieran ponerle a la Procuraduría prisión social, irresponsables todos”, expresó.
Sólo es la primera fase del proceso
Al conocerse la decisión, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, emitió un comunicado de prensa en el cual aseguró que la decisión sienta un precedente en el combate a la corrupción, el enriquecimiento ilícito y marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país.
Calificó la resolución como trascendental para la lucha contra la corrupción y reiteró que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó, con el pago de 92 millones de dólares, con el fin de obtener contratos de obras del Estado.
“Esta es sólo la primera fase de este proceso; el Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”, resaltó.
Al referirse a los abogados de la defensa, el Procurador General dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez les rechazó todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos”.
El titular del Ministerio Público destacó que por eso en su alocución del pasado lunes, 29 de mayo, le pidió al país que no se dejara confundir, “porque muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las actuaciones del Ministerio Público”.
El MP estuvo representado durante la audiencia por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier; la procuradora adjunta Carmen Díaz Amézquita, los procuradores de Cortes de Apelación, Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña y Wilson Manuel Camacho Peralta, y los fiscales Milcíades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez, Luis Alberto González Reyes, y Wagner Cubilete García.
¿De qué se les acusa?
En el expediente, elaborado por la Procuraduría desde diciembre de 2016, se especifica que Ángel Rondón Rijo, a quien se señala como “El Hombre del Maletín”, sobornó a los entonces presidentes del Senado, Porfirio Andrés Bautista García, y al de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, para que adjudicaran obras a favor de Odebrecht. Éstos habrían aceptado “sumas de dinero en dólares para la agilización y aprobación del contrato”. Reza la solicitud de medida de coerción, de 336 páginas, que en el año 2004, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Víctor Díaz Rúa, habría realizado una adenda del Acueducto de la Línea Noroeste y contrató con Odebrecht su ampliación en el año 2005, acciones por las cuales habría recibido sobornos, al igual que el presidente del Senado Porfirio Andrés Bautista y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
Al exadministrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), César Sánchez Torres; al exdirector técnico de la EGEHID, Bernardo Antonio Castellanos de Moya y al administrador de la EGEHID, Máximo Leonidas de Óleo Ramírez, se les imputa por presuntamente haber recibido dinero, para que favorecieran que la Hidroeléctrica Pinalito fuera construida por Odebrecht. En este caso, el MP también implica a Porfirio Andrés Bautista y Alfredo Pacheco Osoria.
El exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Ramón Radhamés Segura, aparece en el expediente, entre otras cosas, por supuestamente recibir sobornos en el año 2005, para que incrementara la partida de la Hidroeléctrica Pinalito. En el 2006, Segura habría firmado la adenda número 5, aumentando nuevamente el costo del contrato y en el 2007 firmó otra adenda para la misma obra. Esta obra se habría financiado con préstamos aprobados por Porfirio Andrés Bautista y Alfredo Pacheco y firmados por el secretario técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montás, quienes también figuran como imputados de recibir sobornos.
Los contratos para la construcción de los Acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal, suscritos en el año 2005 y 2009, respectivamente, también sufrieron considerables incrementos en su costo. En estas operaciones habrían participado como sobornador Ángel Rondón Rijo y como sobornados Porfirio Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Juan Temístocles Montás (quien habría recibido dinero para su precampaña) y Tommy Galán.
En la Autopista del Coral, se imputa a Víctor Díaz Rúa como el responsable de otorgar el proyecto a Odebrecht y de incrementar el valor total de la obra. A su abogado, Conrado Enrique Pittaluga, se acusa de participar en la obra como persona interpuesta. Se habría sobornado a Tommy Galán y a Juan Temístocles Montás. Díaz Rúa, Pittaluga y Montás también aparecen mencionados.
En la carretera El Río Jarabacoa, iniciada en el año 2010, se establecen como sobornados Víctor Díaz Rúa y Juan Temístocles Montás y en la carretera Casabito, del año 2007, se señala como responsables de recibir dinero de Odebrecht a Ramón Radhamés Segura, Víctor José Díaz Rúa, Juan Temístocles Montás y a los congresistas Julio César Valentín y Ruddy González.
PRM rechaza la resolución de coerción
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó su rechazo a la resolución que impuso a su presidente Andrés Bautista y otros dirigentes cumplir seis meses de prisión preventiva, en la cárcel modelo de Najayo como medida de coerción, al tiempo que se declaró en sesión permanente y convocó a sus dirigentes nacionales, regionales, provinciales y municipales a una asamblea a celebrarse hoy en el Distrito Nacional.
Después de varias horas de reunión, Jesús Vásquez, secretario general de la organización, habló a la prensa e indicó que la asamblea de dirigentes se realizará en el Club Los Prados a partir de las 10: 00 de la mañana y que durante ese encuentro el partido fijará posición oficial sobre la resolución emitida por el Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, a través de la cual se impuso medida de coerción a los perremeístas Andrés Bautista, presidente del partido; César Sánchez, Roberto Rodríguez y Máximo de Óleo Ramírez.
Vásquez informó que en la reunión se trazará una ruta de actividades a seguir frente a la situación política y sobre la decisión judicial impuesta a sus miembros.
Por el caso de sobornos Odebrecht también se ordenó coerción en contra del diputado Alfredo Pacheco.
Senado aún no decide sobre inmunidad
La Cámara Alta del Congreso Nacional aún no ha decidido sobre la solicitud que le hizo el titular del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, para despojar de la inmunidad parlamentaria a los senadores por Santiago, Julio César Valentín, y por San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, quienes son imputados por el caso de sobornos que realizó Odebrecht, por 92 millones de dólares, para la adjudicación de obras en el país.
El presidente de la comisión de Justicia del Senado, Arístides Victoria Yeb, aclaró, ante los rumores de rechazo a la solicitud, que “el Senado aún estudia la comunicación (enviada por la Procuraduría) en la que se pide despojar la inmunidad parlamentaria a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y continúa estudiando y buscando opiniones jurídicas para luego dar una respuesta a la solicitud”, resaltó.
El pasado 29 de mayo, la Procuraduría hizo la solicitud ante el Senado, tras recordar que de acuerdo al artículo 86 de la Constitución dominicana, “ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a la que pertenezca…)”.
