La Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus- expresó ayer su preocupación por las irregularidades que se han detectado en la nómina de algunas instituciones del Estado y planteó que resulta “inaceptable” que parte de los ingresos del Gobierno se utilicen para pagar a personas que no trabajan o son “improductivas”.
A través de un documento, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, señaló, citando a analistas y expertos, que una de las distorsiones más graves que perviven en el Estado dominicano es la persistencia del sistema de reparto por parte de los partidos políticos de turno en el tren administrativo, a través del agigantamiento de la nómina pública.
“Según cifras oficiales, en el 2017, un 30.3% del gasto público del Gobierno Central se destina al pago de nómina. Resulta por lo tanto absolutamente inaceptable que una parte de dicho porcentaje esté dedicado al pago de salarios de personas que no ejercen ninguna función, o son improductivos o cuyos puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada”, indicó.
Hace referencia en el documento a los casos de los ministerios de Educación y el de Relaciones Exteriores. En la primera entidad, de acuerdo a una auditoría de las autoridades, 3,900 personas cobraban salarios como docentes sin ejercer esa función, por lo que fueron bloqueados, y en la Cancillería se dio a conocer que 50 personas fueron contratadas como asesores directos del canciller, “sin que dichas personas tuvieran una trayectoria en el mundo diplomático o de las relaciones internacionales”.
