Santo Domingo.- Más de 15 instituciones de las acreditadas y convocadas por decreto del Poder Ejecutivo # 389-14, para la firma y discusión del Pacto Eléctrico, depositaron por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), un amparo, en contra de la firma del referido pacto, asegurando que el mismo carece de legalidad, debido a que se violentaron los derechos fundamentales del sector social y consecuentemente del pueblo dominicano.
El amparo se fundamenta en que, sin haberse concluido, fue firmado el pasado jueves por el Gobierno y el sector empresarial, todo ello en violación a los derechos fundamentales de los usuarios del sistema electrico, al debido proceso de ley, al debido proceso administrativo, este último como consecuencia derivada del derecho fundamental a la buena administración, a las leyes Nos. 107-13, 1-12, 142-15, respectivamente sobre los derechos y deberes de la administración frente a los administrados, la estrategia nacional de desarrollo y la que instituye el Consejo Económico y Social, así como la Constitución de la República.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, informó que el amparo está dirigido a obligar al Consejo Económico y Social (CES), a restablecer, con la matrícula completa de los sectores integrantes del Pacto Eléctrico, las condiciones para concluir de conformidad con las leyes, la constitución y su normativa interna, las discusiones y posterior conclusión y firma del referido pacto.
En tanto, Guadalupe Valdez, representante de Foro Ciudadano, otra de las entidades pertenecientes al sector social del CES, indicó que la convocatoria que se hizo a la firma del Pacto Eléctrico no fue respetuosa con la institucionalidad. Manifestó que el documento que se firmó no fue discutido ni abordado en la presente coyuntura, donde se violaron los principios más elementales de la democracia.
Además de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), suscriben el amparo en calidad de accionantes, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (CNLCC), Asociación de Economistas Dominicanos (ANED), Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas, (FEDOCOOPE), Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (ADEPROCO), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, (IDEAC),Federación de Comerciantes Unión Económica, Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente-(GEMA) Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE).
Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Articulación Nacional Campesina, (ANC), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, (COPADEBA), Hermandad de pensionados/jubilados de la C.D.E.E.E, (HEPEJCODEEE), Red Urbano Popular, (RUP), y la Fundación por los Derechos del Consumidor, (FUNDECOM), instituciones todas acreditadas y participantes en las discusiones del pacto.
Los abogados actuantes Trajano Potentini y Heriberto Rivas informaron que el amparo también procura para el caso de que el Consejo Económico y Social (CES), persista en la negativa de cumplir con el debido proceso de ley, debido proceso administrativo y la buena administración, no obtemperando al requerimiento, vía resolución del TSA, a disponer de un astreinte de quinientos mil pesos (RD$500,000.00), por cada día de retardo en contra CES, y también solidariamente en contra de su principal incumbente, el señor Rafael Toribio.
Finalmente, los accionantes hicieron un llamado al señor Rafael Toribio y al gobierno dominicano, para que se sometan a la legalidad y salven el pacto, máxime que estarían propiciando un estado de cosas ilegales e inconstitucionales, sobre todo al ejecutar cualquier acción o reforma en el sector eléctrico, que este sustentada en la firma del referido pacto.
