Leonardo Recio Tineo, miembro del Consejo del Poder Judicial, aseguró que no fue notificado por el órgano para ser investigado sobre las acusaciones de irregularidades en la administración de la Suprema Corte de Justicia, denunciada por el consejero.
Dijo que se enteró a través de las redes sociales de que el Consejo del Poder Judicial solicitó a la Inspectoría evaluar las revelaciones que ha hecho sobre el desempeño del presidente de ese organismo.
Recio Tineo aseguró que está siendo investigado por la Inspectoría de ese órgano, porque él denunció ante diferentes autoridades que de manera “irregular” han sido transferidos 760 millones de pesos de la Jurisdicción Inmobiliaria, sin conocerse el destino del dinero.
En una entrevista para el Multimedios del Caribe, el consejero Recio Tineo explicó que ese dinero recaudado de los impuestos de títulos de propiedad de los ciudadanos y que recaen en la Jurisdicción Inmobiliaria no puede ser destinado a otras jurisdicciones porque así lo establece la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
“A mí hay que darme cuenta porque yo tengo que dar cuenta de esta administración, esto es un poder del Estado. ¿Entonces dónde están los 760 millones de pesos?”, se cuestionó el magistrado.
Dijo que a raíz de varias investigaciones, un empleado del Poder Judicial, a quien identificó como Henry Tavares Villamán y como la mano derecha del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, ha sustraído sumas millonarias de dinero de la Jurisdicción Inmobiliaria, por lo cual se interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, a Luis Henry Molina lo acusa de haber destruido todos los mecanismos de fiscalización de recursos públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La acusación establece además que Molina privilegió a personas relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado gobierno.
La instancia elevada ante la PGR responsabiliza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de violar la Ley de Carrera Judicial con el despido y desvinculación masivos de servidores judiciales para incluir allegados con salarios exorbitantes.
