Las defensas de los imputados del caso Anti Pulpo acusaron este viernes al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaruys Martínez, de ser un magistrado “pega sellos, endosatario y ser parte del Ministerio Público”.
El juez Martínez ratificó la medida de coerción a diez de los 11 imputados en el caso tras alegar que de variar las medidas impuestas por el juez Alejandro Vargas en diciembre del pasado mes, podrían presentar “peligro de fugas”.
Carlos Salcedo, representante legal de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, quienes seguirán guardando prisión preventiva, dijo que el magistrado no indicó “un solo peligro concreto de fuga”.
“Eso lógicamente rompe con la lógica, no solamente del Código Procesal Penal, sino de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales y de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de los derechos humanos”, argumentó el jurista.
Calificó la decisión de mantenerse las medidas a los imputados como “penosa, dada por un fiscal vestido de juez”.
De igual modo, Cándido Simó, representante legal del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, quien seguirá guardando prisión domiciliaria como medida, dijo que “un juez con falta de carácter como éste no puede conocer un caso de esta naturaleza”.
“Al único que le varió fue a Germosén porque la fiscalía se lo pidió, entonces no es un juez, él es fiscal, actuó como fiscal. Sencillamente él no puede conocer este proceso, si venimos en revisión él debe inhibirse”, expresó Simó.
Mientras que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, dijo que el Ministerio Público valora, por ajustarse al derecho, la ratificación de las medidas de coerción a los imputados del Caso Pulpo.
“El Ministerio Público valora la decisión del juez. Es una decisión ajustada a derecho. Es una decisión que le contestó a la defensa con argumentos brillantes, y fundamentado cada uno, sus solicitudes. Es una decisión que ha dicho por tercera ocasión, lo dijo en primer grado, lo dijo la Corte, y ahora en la revisión…, que el Ministerio Público tiene una imputación preliminar blindada”, resaltó.
La directora general de Persecución del Ministerio Público enfatizó que “son cientos, decenas de pruebas y evidencias contundentes que tiene el Ministerio Público”.
“Reiteramos, nuestra imputación está jurídicamente blindada en cuanto a prueba y al debido proceso, y eso es lo que hemos visto hoy”, dijo, al resaltar la solidez del trabajo que desarrolla el Ministerio Público en estos momentos en materia de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Ante preguntas de los periodistas que le cuestionaron a la salida del tribunal, la magistrada Reynoso dijo que la defensa en cada ocasión, cuando sale perdedora de un proceso por falta de argumentos válidos en derecho, le echa la culpa al juez.
“Lo que quizás debería hacer es buscar soluciones distintas, que en este caso lo único sería hacer una defensa positiva. ¿Qué es una defensa positiva?, aceptar los hechos. No hay forma, en derecho, de que un juez le diga, que no hay evidencia, cuando hay cientos de evidencias, decenas, cajas de evidencias, y esa realidad, está ahí”, insistió.
Reynoso, quien dirige las investigaciones y la litigación del Caso Pulpo junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sostuvo que el Ministerio Público seguirá fortaleciendo la acusación y procediendo a ocupar e inmovilizar bienes relacionados a las actividades ilícitas de los involucrados en el expediente.
“En este caso el Ministerio Público tiene muchos bienes inmovilizados y secuestrados de los que se va a pedir, eventualmente, el decomiso”, adelantó, al tiempo de asegurar que el Ministerio Público sigue, en el día a día, con la investigación de decenas de casos de corrupción.
La magistrada Reynoso postergó los detalles de los bienes secuestrados porque, según dijo, el número puede variar porque los equipos están trabajando de manera permanente.
Declaró que la investigación se amplía y alcanza a otras personas además de los imputados bajo medidas de coerción. Explicó que también hay bienes de terceros secuestrados.
Resaltó que, en este caso, una de sus características principales, es que hay decenas de compañías bajo investigación. “Entonces, también el Ministerio Público ha tomado medidas cautelares con relación a decenas de compañías que eran parte del entramado societario”.
De acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, creó un entramado corrupto que se benefició de los vínculos con el poder político para hacer negocios con entidades del Estado y beneficiarse por años con casi cinco mil millones de pesos.
