La Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP) tiene un déficit de alrededor de 100 millones de pesos que impacta de forma negativa en el desarrollo de proyectos que se tienen en carpeta por la falta de presupuesto.
Así lo informó ayer a elCaribe el director de la entidad, Rodolfo Valentín, quien ya cumplió un mes al frente de la institución,cuyo objetivo es brindar gratuitamente asistencia legal en el proceso judicial a las personas que están en conflicto con la ley y que carecen de recursos para contratar a un abogado.
Valentín indicó que reciben un prepuesto anual de 542 millones de pesos, sin embargo, se necesitan adicionalmente como mínimo 100 millones de pesos para, entre otras cosas, ampliar sus servicios a nivel nacional con la apertura de 13 nuevas oficinas e ingresar 50 defensores públicos al sistema.
“Con este presupuesto que tenemos se hace casi imposible poder cumplir con toda la agenda, con el plan operativo 2019, es decir, aumentar la cantidad de defensores mínimo en este año necesitamos 50 defensores públicos y necesitamos abrir unas 13 oficinas a nivel nacional”, afirmó.
“Las cortes y los tribunales penales se están extendiendo y necesitamos oficinas en todas los tribunales para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas en conflicto con ley”, añadió Valentín, quien también es especialista en Justicia Criminal.
Se brindaría asistencia a víctimas con mayor presupuesto
Valentín, quien se desempeñó como defensor público ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dijo que si la entidad contara con mayor asignación por parte del Estado se podría brindar asistencia, no sólo a los imputados, sino también a las víctimas de los procesos que no cuentan con dinero para tener un defensor privado.
“Lamentablemente el presupuesto que tenemos solamente se limita a la asistencia de las personas en conflicto con ley, es decir, perseguidos, imputados”, afirmó.
El director de la institución explicó que el artículo 177 de la Constitución abre la posibilidad de que puedan asistir a las víctimas, pero con el presupuesto actual, dijo, se les hace imposible.
Expuso que con una mayor asignación monetaria se podría crearse una unidad de defensores públicos para las víctimas, que sean egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura con la misma preparación y capacidad de los defensores que asisten a los imputados.
Cuentan con 126 defensores públicos
La entidad cuenta con 126 defensores públicos en todo el país y con 158 abogados adscritos. Empero, no son suficientes para la alta demanda que tienen, pues un solo defensor tiene bajo su cargo entre 400 y 500 casos activos y semiactivos.
Los casos son asignados con un sistema aleatorio, pero con relación a los procesos complejos los mismos son reservados para los defensores de la categoría tres, que es la más alta.
El salario de un defensor público depende de la categoría en que encuentran, que oscila entre los 60 a casi 80 mil pesos. “Con relación al bajo salario ha habido una gran baja, es decir, dimisión de parte de los defensores públicos y se han ido sustituyendo por abogados contratados o abogados adscritos”, señaló Rodolfo Valentín.
Además, los defensores reciben una capacitación de ocho meses antes de entrar al sistema.
Dice se debe de prevenir más que perseguir
Sobre los feminicidios y la alta tasa de criminalidad, Valentín sostuvo que el Estado debe enfocarse e invertir más en el sistema preventivo, con promociones positivas, y no en la persecución para tener mejores resultados. Dijo que el Ministerio Público debe dar un mejor trato a las personas que son acusadas de maltrato físico, ya que cuando ven que son atropellados buscan una salida peor, que es dar muerte a sus parejas, y que se debe prestar atención cuando los hombres son quienes sufren la violencia doméstica.
Considera la separación entre el MP y la víctima
Valentín consideró que debe existir una independencia entre el sistema de asistencia a víctimas y el Ministerio Público (MP). Indicó que mientras se tengan la dependencia de las mismas con el MP siempre habrá diferencias. “No resulta lógico que a pesar de que el Ministerio Público persigue el delito y el crimen, como puede patrocinar una oficina respecto a víctimas cuando los intereses son totalmente distintos”, dijo. Añadió que la autonomía de la víctima se dará cuando sea asistida por un órgano separado del Estado.
