La titular de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández Román, calificó como justa la demanda que efectuaron recientemente los defensores de todo el país, quienes se congregaron en las diversas sedes judiciales para exigir un aumento salarial.Indicó que aunado al merecido incremento salarial, es necesario materializar un aumento del presupuesto.
“Aún en nueve distritos judiciales las personas no gozan de este servicio, porque no cuentan con una oficina de Defensa Pública cercana a sus poblados, que les permita acceso a la Justicia”, dijo.
Hernández Román considera que la solicitud de homologación salarial de los defensores públicos con los demás actores del sistema de justicia penal (jueces y fiscales) es totalmente necesaria por el trabajo que realizan.
“Se trata de un personal de carrera, altamente calificado y sometido a los mismos rigores y exigencias que los demás actores del sistema”, resaltó.
Destacó que el año pasado solicitó al gobierno central un aumento de 329 millones de pesos, a fin de viabilizar el funcionamiento de la institución, pero sólo recibió la aprobación de 50 millones. “Este monto, apenas permite hacer ajustes por inflación del manejo y operatividad”, explicó.