Al menos cuatro de los 14 imputados por el caso Odebrecht, entregaron como presupuestos, al juez especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Ortega Polanco, informes médicos a los fines de evitar que se les enviara a prisión, como medida de coerción.Se trata de Juan Roberto Rodríguez, Ramón Radhamés Segura, Ruddy González y César Domingo Sánchez Torres, quienes entre sus presupuestos entregaron certificados en los cuales se expone su estado de salud.
Así se destaca en la resolución 0047/2017, contentiva de 51 páginas, que les fue notificada ayer a los imputados, en la cual el juez Ortega Polanco, detalló lo ocurrido en las tres audiencias de conocimiento de solicitud de medida de coerción, durante las cuales el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados y la declaratoria de complejidad del caso.
Ortega Polanco, explicó que luego de las réplicas producidas en el contradictorio por las distintas barras defensoras, la exhibición de documentos y los presupuestos depositados en apoyo a sus medios, el tribunal entendió que no bastaron para restar descrédito, por lo menos como presupuestos para la medida de coerción.
Aclaró que “para determinar la procedencia o no de una medida de coerción no basta con la posesión de arraigo y falta de peligro de fuga, sino que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción; más aún cuando se presume seriamente comprometido el interés público”.
Padecen problemas de salud
En el caso de Juan Roberto Rodríguez Hernández y Ramón Radhamés Segura, a quienes se ordenó prisión domiciliaria por nueve meses, esta decisión obedeció a que el primero de ellos presentó certificaciones médicas en las cuales se advierte que presenta antecedentes médicos de hipertensión arterial de más de 15 años de evolución, diabetes, hernia discal y trastorno depresivo, mientras que Radhamés Segura presentó un informe donde se indica que padece de un “tumor en el hígado que abarca la totalidad del lóbulo derecho”.
También se destaca en la resolución, que el imputado Ruddy González, aportó una fotocopia de un informe sonográfico expedido el 11 de enero del año 2011, por el Dr. Antonio Benítez Camporro, médico radiólogo del Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, C. x A.
Según el escrito, González presenta: “pequeño derrame pleural basal bilateral, datos de nefropatía de probable origen glomerular, ligero incremento del índice de resistencia en ambas arterias renales principales. Colelitiasis; que además de haber sido presentado en fotocopia no está avalado científicamente como presupuesto de una enfermedad grave o terminal. Razón por la cual no se consideró para éste la prisión domiciliaria”.
En cuanto a César Domingo Sánchez Torres, reposa en el expediente como parte de sus presupuestos la fotocopia de un certificado de salud y asistencia médica, expedido por el Dr. Juanico Gonzalo Cedano Ramírez, internista cardiológico- electrofisiológico, el 31 de mayo de 2017, señalando que el paciente presentó “hipertensión arterial sistémica primaria; el cual además de haber sido presentado en fotocopia no está avalado científicamente como presupuesto de una enfermedad grave o terminal”.
Ocho de los imputados fueron enviados a prisión
Francisco Ortega, dispuso prisión preventiva de un año para Ángel Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga. Además, seis meses para Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González. Para César Sánchez y Máximo De Oleo, tres meses; a Radhamés Segura y Roberto Rodríguez ordenó nueve meses de arresto domiciliario y a los tres legisladores implicados, pago de fianza.
