Al vencer el plazo dado a los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPHA) cree que el Estado debe analizar lo que hará con la mano de obra haitiana, necesaria para la economía nacional y de la que dependen algunos rubros.
Sonia Vásquez recordó que el 26% de los migrantes haitianos trabajan en la construcción; un 32% en la agropecuaria y otro grupo importante está inserto en actividades comerciales y de turismo.
Sostuvo que si se aplican deportaciones masivas habría consecuencias inmediatas en los distintos sectores económicos que dependen de estos trabajadores.
“La deportación es una medida inmediata, pero ¿resuelve la deportación totalmente el tema de los indocumentados en la República Dominicana?, eso tendría el Estado que preguntárselo, hasta qué punto es la respuesta que, obviamente está dentro de las atribuciones del Gobierno; pero más allá de una medida inmediata, República Dominicana tiene una mano de obra, principalmente de inmigrantes haitianos, de la cual dependen algunos rubros”, dijo Vásquez.
Plan cumplió cometido
A su juicio, el Plan de Regularización cumplió con su cometido, a pesar de que muchos inmigrantes haitianos no pudieron aportar en el año que se les dio la documentación requerida, lo que provocó que la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) reflejara un número menor de extranjeros que la del año anterior, ya que muchos de ellos arrastran problemas de documentación en su país.
Para el investigador principal de la ENI, Wilfredo Lozano, el referido programa, aún con sus imperfecciones, ha comenzado a poner orden en el tema migratorio, aunque advirtió que no puede verse como la panacea para resolver los problemas de la inmigración. “Debe verse como un punto inicial importante para producir una política migratoria coherente, ordenada, eficaz”, dijo el sociólogo, quien consideró que nadie puede escandalizarse por posibles deportaciones, ya que las mismas se producen diariamente en el país.
Por su parte, la socióloga Rosario Espinal dijo que la situación de los extranjeros que se han acogido al plan es indefinida, ya que la inmensa mayoría no tiene la categoría de residente, sino un carnet que lo ampara para vivir en el país.
Consideró que con el problema migratorio hay una doble moral, porque el empresariado y el Estado han permitido un flujo migratorio para sus actividades económicas por tratarse de una mano de obra barata, exonerada del peso de la seguridad social.
“Los inmigrantes están aquí porque los están empleando”, resaltó.
En ese sentido, sugirió que se apliquen las leyes laborales para que a los empresarios les cueste más emplear a extranjeros en los distintos sectores económicos.
Sonia Vásquez, Wilfredo Lozano y Rosario Espinal hablaron previo a un panel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para presentar los resultados de la ENI, que establece que a nivel nacional la tasa de ocupación general es de 70% de inmigrantes haitianos, de 48% de otros países y de 43% en descendientes de inmigrantes.
