La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Es la tercera decisión emanada en atención al caso, del cual aún queda por decidir una solicitud de investigación al tiempo de reiterar que el Intrant debe aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento.
Informó que esa resolución también se estará entregando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como parte del proceso de investigación que lleva a cabo.
En las dos primeras resoluciones RIC-164-2023 y RIC-165-2023 se comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.
De acuerdo con la entidad, en la nueva resolución, RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L también pone en evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato.
Refiere que las irregularidades tienen que ver con violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.
“En ese sentido, se comprobó que, al establecer requisitos excesivos y desproporcionados, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial, el pliego resultó restrictivo, lo que influyó en la baja participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva”, afirma la DGCP.
Entre las irregularidades e inobservancias al debido proceso, la DGCP también destaca que los peritos realizaron evaluaciones técnicas subjetivas y que de forma deliberada tan solo efectuaron validaciones de experiencia de uno de los oferentes participantes.
Igualmente, las evaluaciones realizadas por los peritos no se encuentran motivadas y se evidenció que se apartaron del debido proceso al recomendar subsanación de aspectos técnicos que la normativa no permite porque suponen una mejora de la oferta.
Contrataciones destacó que lo que procedía era que el Comité de Compras rechazara esas evaluaciones por fundamentarse en criterios subjetivos, arbitrarios, discrecionales y deliberados.
