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Santo Domingo – La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y expertos en derecho constitucional, rechazaron este martes el proyecto de ley que busca regular el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y a la propia imagen, que recientemente fue aprobado en el Senado, por considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión.
Al participar en el panel del programa Despierta con CDN, los especialistas del Derecho y la comunicación consideraron de “peligrosísimo” y “ambiguo” el contenido del proyecto de la senadora de Bahoruco, Melania Salvador, debido a que, según sus criterios, dejaría a la discreción del juez imponer la sanción que quiera dependiendo cómo corran las aguas políticas.
Persio Maldonado, presidente de la SDD, advirtió que los aspectos relacionados con el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y a la propia imagen, no se pueden dejar de forma genérica, porque son los espacios que se abren a los gobiernos autoritarios.
“Eso es más delicado que el simple hecho de quererme limitar de manera individual”, sostuvo, al cuestionarse cómo sería posible determinar de qué manera se podría afectar el buen nombre y el honor de la persona.
Asimismo, el veterano periodista condenó que la clase política se resista a vivir en libertad y se ponga de acuerdo para no respetar el derecho constitucional a la libertad de expresión que tienen las personas.
En este sentido, indicó que los legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC), insisten en ponerle trabas al ejercicio de la libre expresión, pese a que se trata de un tema sensible que el Tribunal Constitucional (TC) ha trabajado profusamente, eliminando aspectos importantes de leyes que conspiran contra la libre expresión.
TC eliminó la prisión existía contra libertad de expresión
Recordó que, a través de un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional eliminó la disposición de la Ley 61-32, de Expresión y Difusión del Pensamiento, que establecía prisión para el ejercicio periodístico.
Al presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios también le preocupa la intención de censurar la libertad de expresión que se ejerce a través de las redes sociales, al considerarlas como una realidad de las tecnologías y la comunicación en el mundo moderno.
“¿Maltratan las redes sociales a un funcionario público, o el funcionario público da razones para que la gente se exprese de manera airada con él?”, cuestionó, al considerar que el ciudadano se maneja posiblemente de manera inadecuada, porque no tiene suficiente educación para hacer una buena crítica.
“A mí me llama más la atención la resistencia de los partidos contra la libertad y a ponerle caso a las decisiones del TC, que son transversales para todos los sectores”, enfatizó.
Dijo que la Sociedad Dominicana de Diarios y el Congreso Nacional acordaron designar varios abogados para que elaboren un proyecto de modificación a la Ley 61-32, con el compromiso de que una vez terminado se consensuado con el CDP, las escuelas de comunicación de las diferentes universidades y luego se abra a la sociedad para que la gente opinara.
“Creo que llamaron al CDP y a las escuelas de periodismo, pero han engavetado el proyecto. Por qué no agregar a este proyecto todas estas regulaciones que se quieren”, planteó Maldonado.
De igual modo, el abogado constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, indicó que ese proyecto no pasaría el mínimo juicio de constitucionalidad, porque, entre otras cosas, tiene un capítulo al establecimiento de tipos penales para el delito de opinión.
Proyecto original fue sometido a evaluación técnica
Sin embargo, apuntó que el proyecto original fue sometido a una evaluación técnica en el Senado, y se eliminaron los tipos penales antes de ser aprobado. “Se habla del proceso civil tendente a lograr el resarcimiento cuando se afecta la honra, la imagen, el honor y el buen nombre”.
No obstante, consideró de innecesaria la aprobación de este proyecto, ya que el ordenamiento jurídico nacional pone en manos de los ciudadanos herramientas de protección a todos los bienes que quieren resguardarse con esa norma.
Dentro de esas herramientas de protección a estos derechos señaló la acción de amparo y el habeas data. “Todos los derechos constitucionalmente consagrados están protegidos por la acción de amparo, y si tu interés es un pronunciamiento que dañe el honor o pueda perjudicar tu imagen, tenemos centenarias de legislaciones para eso”.
El jurista también consideró el proyecto como un instrumento “riesgoso”, ya que levanta las alarmas de ciertos niveles de intolerancia instalado en las instituciones del Estado en la República Dominicana.
“Es verdad que hay una especie de salida de control con el tráfico de discurso en las redes sociales, pero esa es una realidad con la que todas las sociedades tenemos que aprender a bregar”, expresó, al tiempo de señalar que no se puede permitir que el derecho a la libertad de expresión sea recortado por iniciativas legislativas que al final lo que buscan es convertirse en elementos disuasivos.
De su lado, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, reconoció que en el país “existe una invasión agresiva” de personas que les “importa un comino insultar y difamar” a otros que llevan una vida de 30 y 60 años de trabajo saludable.
Personas anónimas afectan honras en redes sociales
Sin embargo, precisó que casi siempre se trata de personas anónimas que desconocen las consecuencias que pueden generar la difamación o afectación a la honra, honor y buen nombre de las personas.
Por tanto, recordó que el derecho a la libertad de expresión tiene límites que deben respetarse, como los derechos ya mencionados consagrados en la Constitución. “Ese límite es cuando yo le afecto el honor, la honra o difame a una persona”.
Dijo que el Estado está llamado a buscarle solución al problema y proteger a los comunicadores que ejercen el periodismo de forma responsable, apegado a la ética como manda la Ley.
“Se está fallando en la protección de estos derechos porque hay personas que no conocen cuál es su rol, ahora, cómo tú controlas la parte de las redes sociales, nadie sabe dónde está el servidor de donde te registra”, agregó.
El gremialista indicó, además, que se oponen a la aprobación del proyecto porque en gran parte censura la libertad de prensa y deja a la discreción del juez colocar una sanción. “!Y no puede ser!”.
Henríquez consideró que el proyecto se debe consensuar con los sectores interesados, porque de nada serviría que se apruebe y el Tribunal Constitucional lo anule por resultar inconstitucional.
Proponen fusionar proyectos en un sólo
“Además de este, se han presentado alrededor de cuatro proyectos tratando de reprimir el libre ejercicio del periodismo. Hemos planteado el por qué no se fusionan todos estos proyectos en un solo que regule la expresión y difusión del pensamiento, como derecho consagrado en la Constitución del República”, finalizó el destacado comunicador.
El presidente de la Sociedad de Diarios reveló que el senador Bautista Rojas Gómez le habría dicho que “metieron la pata” al aprobar el proyecto, con lo que estaría mostrando su arrepentimiento.
Además, dijo que en la Cámara de Diputados se ha levantado un movimiento que rechaza la aprobación de este proyecto que a todas luces reprime el ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
