Los dimes y diretes entre la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Laura Hernández, y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, se agudizaron ayer.
Hernández negó las acusaciones de malversación de fondos y usurpación de funciones que Surún le hizo, a través de una querella que depositó en la Procuraduría Contra la Corrupción.
La funcionaria calificó la querella de “abusiva e irresponsable”, ya que en la misma Surún y el CARD sostienen que hubo irregularidad en el nombramiento de la funcionaria, ya que la resolución 1-2012, que la nombró fue emitida por el Consejo Nacional de la Defensa Pública, y no por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que, a juicio del presidente del CARD, era la entidad que debió nombrar y ratificar en el cargo, por seis años, a dicha funcionaria.
Pasada la rueda de prensa, donde Hernández se defendió de los alegatos de Surún y dijo que responderá en los tribunales a dicha acusación cuando sea notificada por la Procuraduría, el presidente del CARD llegó a la sede de la Defensoría Pública, en Gascue, y tras aclarar que estaba allí porque fue convocado por el Consejo Nacional de la Defensa Pública, reiteró sus acusaciones contra Hernández.
“Estamos aquí porque el Consejo de la Defensa Pública finalmente nos convocó, pero la prensa tiene que preguntarle a la señora Hernández por qué su oficina se ha dedicado a defender a personas adineradas, contrario a lo que establecen las leyes, y por qué rechazó el poner en vigencia el sistema de los abogados defensores adscritos, no contratados, para disminuir el impacto que ha generado en el ejercicio penal dominicano”, afirmó. A esto, Hernández dijo que “eso es falso y que la ley 277-04, en su artículo 20, permite que el director de la ONDP sea nombrado por seis años, pudiendo ser reelecto por un período adicional de seis años más. Y yo fui designada en el 2005, con el acta 12/2005 de la SCJ”, aclaró.
