La Altagracia. El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a cinco años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El Chino) y otros cinco integrantes de una red que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico y al tráfico de armas.
Además de Pascual Cordero Martínez, quien dirigía la organización criminal, fueron condenados la ciudadana peruana Magaly Rocío Reynaga Galarreta, utilizada como mula, y el excabo de la Policía Nacional Martín Alcántara Buten.
El tribunal también impuso seis años de reclusión dictados a Francisco Alberto Colón Rosario, Pedro Alexis Salcedo Soriano y Ricardo Santil.
Los jueces Domingo Alcides Duvergé, Vanessa Cecilia Contreras y Edwin Andrés Rijo dictaron la sentencia, que además ordena el decomiso de propiedades del narcotraficante Cordero Martínez que fueron confiscadas durante el proceso de investigación de este caso, entre ellos, una Villa en San Cristóbal, valorada en RD$15 millones y varios vehículos de las marcas Lexus, Land Cruiser, Hyundai, Kia e Infinity.
A través de un comunicado de prensa, se informó que esta sentencia se obtuvo luego de que el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, demostrara la responsabilidad penal de los acusados, quienes cumplen prisión en diferentes recintos de la zona este del país.
Durante el juicio, fiscales de ese organismo especializado demostraron que los condenados violaron varios artículos de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del Narcotráfico y Otras Infracciones Graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
En torno a este caso, se informó que los integrantes de esa organización traían la droga desde Perú para comercializarla en la República Dominicana. El expediente indica que la droga era convertida en cocaína líquida en un laboratorio que funcionaba en la referida villa, en San Cristóbal. La información destaca los esfuerzos y el compromiso asumido por la actual gestión del Ministerio Público en coordinación con los demás organismos de seguridad del Estado para combatir con estrategias concretas el narcotráfico, el lavado de activos, y los demás delitos vinculantes de esas actividades de la criminalidad organizada.
