Las organizaciones de los barrios La Ciénaga y Los Guandules marcharon ayer desde la cañada Bonavides hasta el Palacio Nacional en denuncia de que la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE) supuestamente no cumple los requisitos de traslado de sus viviendas.
El proyecto movilizará,400 familias de la ribera del río Ozama, sin embargo, a la manifestación asistieron menos de 100 personas, quienes alegaron que las informaciones del proyecto Domingo Savio no son socializadas con los beneficiarios y presuntamente permanecen cerrados al diálogo.
“Lo que Urbe llama negociaciones no es más que la imposición de una tasación realizada de manera unilateral que hay que aceptar obligatoriamente. No les permiten a las familias entrar con un abogado o recibir una copia del contrato que deben firmar”, dijo Susana Consuegra, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba). Los moradores estuvieron identificados como Cigua liderados por la activista María Teresa Cabrera, demandaron un trato digno como “sujetos de derecho”, exigiendo que se les deje de tildar como “invasores”, para que se garantice el derecho a la vivienda de todos los residentes en la zona.
Expresaron, además, que el monto otorgado no es suficiente para obtener una vivienda en otro sector Las sumas oscilan entre los 150 mil y 300 mil pesos, según revelaron.
