Decenas de residentes de este municipio realizaron una protesta frente el Ministerio de Salud Pública en reclamo de que se pronuncie y actúe sobre la contaminación con plomo que produce la empresa Verde Eco Reciclaje (VERI SA), la que aseguran “ha convertido en un infierno la vida de los munícipes de este demarcación expuestas a la radiación del plomo”.
Residentes en el sector Los Desamparados clamaron a las autoridades de Salud atender sus reclamos, porque la salud de cientos de miles de munícipes está en riesgo ante tanta contaminación.
Exigieron responder al Acto de Puesta en Mora número 066, del 27 de enero de este año, contra ese Ministerio para que cumpla con la Ley General de Salud 42-01 “defendiendo el derecho a la vida de los residentes de esa demarcación, afectados por envenenamiento ambiental contra la comunidad”.
El acto fue notificado por Francisco Domínguez Difo, Alguacil Ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ante la abogada de Salud Pública, Martina Silverio para que el ministerio “intervenga la salud de los comunitarios afectados” por las acciones de la recicladora de baterías, quienes mantienen por más de tres años una lucha por el cierre de esa empresa.
En el acto de puesta en mora contra Salud Pùblica, los comunitarios señalan que VERI SA se dedica al reciclaje, demolición y preparación de baterías usadas “sin las debidas protecciones medio ambientales, haciéndoles la vida difícil, peligrosa y enferma a todos los residentes alrededor de sus instalaciones”.
Los afectados del barrio Los desamparados que presentaron al acto de amparo contra Salud Pùblica son los señores Miguel Jojani Lugo Torres, Damián Mota Flores y su hijo menor, Damián Mota Frías; Lendy Mota Frías, Mariano Germán de la Cruz y su hijo menor José Mariano Germán Ureña, Santa Frías Peña y Maireni Florentino.
Aseguran, que pese a tener sentencia definitiva del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para el cierre de la referida empresa y estudios medioambientales que indican los daños irreparables del plomo contra la salud, que no tiene cura, las autoridades de Salud Pública no han hecho nada al respecto, y VERI SA continua sus operaciones condenando “a la muerte lenta” a decenas de miles de personas de Haina.
En la manifestación, actuó como vocera la señora Dorka Martinez, Presidenta de la Junta de Vecinos Jesús Castro Santiago, quien manifestó que es hora “ya de que Salud Publica se ponga del lado de la defensa de la salud de la población de Haina, como lo indica la sentencia del Tribunal Superior Administrativo”.
La sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo No. 0030-02-2019-SSEN-00136, de fecha 30 de mayo del 2019, ordena al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social evaluar los daños ocasionados a la salud de los munícipes de Haina, específicamente a los residentes en el entorno de las instalaciones de VERI SA, afectados por la contaminación con plomo, en la referida demarcación.
También dispone que la empresa pague un astreinte de RD$10,000.00 pesos diarios en favor de Centro de Orientación y Protección al Consumo de Energía, Agua y Ambiente (COOPCEA) y la Fundación Voluntad Divina (FUNDOVI), organizaciones comunitarias que encabezan la jornada por la salud de los residentes en Haina.
La lucha de los residentes de Haina la encabezan las organizaciones comunitarias de Haina, así como Dorka Martínez, Presidenta de la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro, Altemar Portes, Presidente del Centro de Orientación y Protección al Consumo de Energía, Agua y Ambiente (COOPCEA) y los abogados Jorge Herasme y Romero del Valle; representantes de la coalición comunitaria por la defensa de Haina, la Fundación Voluntad Divina (FUNDOVI) y otras organizaciones.
