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La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto con los concilios y organizaciones que la conforman, rechazaron a la propuesta de modernización fiscal que pretende gravar con impuestos a las iglesias evangélicas.
“Este intento no solo desconoce el papel fundamental que las iglesias juegan en el tejido social y comunitario del país, sino que también mina una labor esencial que va mucho más allá de la religión: el acompañamiento social y la acción formativa”, expresan en un comunicado.
El obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la entidad, manifestó que las iglesias evangélicas en la República Dominicana han sido históricamente el mayor socio del Estado en el ámbito formativo y social, realizando una labor que alcanza niveles extraordinarios de inversión.
Manifestó que se estima que las iglesias gestionan más de 4 mil millones de pesos en ayuda internacional, destinados a programas de salud, educación, orientación familiar y apoyo a comunidades vulnerables.
Además, indicó que el esfuerzo de las iglesias incluye la atención integral a miles de niños, niñas y adolescentes, el acompañamiento de jóvenes en riesgo, el fortalecimiento de los matrimonios y el soporte emocional y físico a los envejecientes.
Aseguran que las iglesias mantienen un amplio despliegue de trabajo social comunitario, con más de 500 colegios evangélicos al servicio de la comunidad, brindando educación accesible y de calidad a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
Franco Aquino afirma de manera firme y categórica que la modificación del artículo 50 de la Ley 122-05, que previamente garantizaba una serie de exenciones fiscales esenciales para el funcionamiento de las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, no solo elimina dichas exenciones, sino que además obliga a las iglesias evangélicas a pagar impuestos como el ITEBIS y el IPI, imponiendo gravámenes desde los 5 millones de pesos, así como impuestos sobre el dinero depositado en bancos, sin importar si estos fondos provienen de donaciones para construcciones de templos o apoyo de programas sociales que benefician a nuestras comunidades más vulnerables.
Esto representa un ataque directo a los ahorros y recursos destinados a la labor social y espiritual que realizamos, los cuales están comprometidos con la transformación de la sociedad.
Señaló que rechazan rotundamente la pretensión de imponer estas cargas impositivas que afectarían nuestra capacidad de seguir operando en beneficio de la nación.
“Lejos de ser gravadas, las iglesias deberían recibir un reconocimiento por su invaluable contribución al bienestar social, lo que debería traducirse en una contrapartida presupuestaria seria y una exención total de impuestos. El rol transformador que desempeñamos en áreas como la educación, la salud y la acción social es reconocido y debe ser apoyado, no penalizado fiscalmente”.
Sostuvo que las implicaciones de gravar a las iglesias evangélicas con impuestos son devastadoras. El único amparo que hemos tenido como iglesias es el de la Ley 122-05, que regula las ONG y establece las exenciones para las organizaciones sin fines de lucro.
“Gracias a esta ley, las iglesias han podido realizar su trabajo con autonomía y eficiencia, apoyando a las comunidades más vulnerables”
Quitar estas exenciones afectaría directamente la capacidad de las iglesias para continuar su misión de transformación social, debilitando no solo su impacto en el país, sino también su estructura organizativa y financiera.
Argumentó que el ataque fiscal a las iglesias evangélicas pone de manifiesto la urgencia de establecer un marco legal sólido que garantice la libertad religiosa y proteja el trabajo que las organizaciones religiosas desempeñan en la sociedad.
Por ello, la Mesa de Diálogo anuncia que todas las organizaciones protestantes están dando los toques finales a un proyecto de ley que será sometido al Congreso Nacional para garantizar los derechos y libertades de las iglesias, con un marco normativo que reconozca y respalde su rol transformador.
“Rechazamos tajantemente la pretensión de gravar impuestos a las iglesias evangélicas y hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar esta propuesta, recordando que las iglesias no son solo instituciones religiosas, sino actores clave en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y esperanzadora. Oramos fervientemente a Dios para que los actores gubernamentales y las políticas sociales sean dotados de sabiduría divina”, dijo.
