Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, se reunió con la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia los proyectos de ley de Partidos y de Régimen Electoral, donde expuso ocho puntos a tomar en consideración para las discusiones de las piezas.
Núñez Collado, quien dirigió hace unos meses el diálogo con las organizaciones políticas para consensuar las iniciativas, dijo que recibió una invitación del organismo legislativo y expuso las consideraciones que deben ser materia de la nueva ley de partidos y electoral en referencia al voto preferencial, la regulación del tiempo de la campaña, financiamiento de los partidos, cuota femenina, espacio publicitario en medios de comunicación, entre otros puntos.
“Abrigo la esperanza como todos los dominicano de que haya la capacidad en la comisión bicameral para que se puedan consensuar los asuntos más controversiales y que en el hemiciclo puedan aprobarse ambos códigos”, dijo.
Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión Bicameral, informó al término de la reunión, que se designó al diputado del Partido Revolucionario Moderno, Víctor D’ Aza, presidente de la Comisión de la Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, como secretario de dicha Comisión Bicameral.
Asimismo, que dentro del nuevo cronograma de trabajo la Comisión se estará reuniendo cada lunes y jueves en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente a estudiar las iniciativas.
Explicó que el nuevo método de trabajo será “estudiar un punto y aprobarlo, teniendo como marco de referencia los proyectos sometidos por la Junta Central Electoral”.
Propuesta partidos mayoritarios
A la fecha, ninguno de los partidos mayoritarios han depositado ante la Comisión sus propuestas sobre las leyes electorales.
Los voceros del PRM en el Congreso, Alfredo Pacheco y Santiago Zorrilla, consideraron que el voto obligatorio evitaría los vicios ocurridos en los últimos procesos electorales.
Ambos legisladores están de acuerdo a que se aplique un régimen de consecuencia a la persona que no ejerza el voto al pago de la mitad de un salario mínimo.