Solo 9 de 17 legisladores favorecieron informe. Adocco espera que el pleno de diputados vote con unanimidad.
Quince años después de aquel juicio político que terminó en la renuncia y destitución del pleno de la Cámara de Cuentas, el actual bufete directivo del órgano extrapoder está en el umbral de comparecer ante el Senado, acusado de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Tras varias semanas de espera, hay una conclusión por parte de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudiaba si procedía o no el juicio político.
El equipo integrado por 17 legisladores “por decisión de la mayoría, aprobó un informe, en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo la realización de un juicio político a los cinco integrantes del órgano de control”, precisa la nota de prensa difundida por la Dirección de Prensa de la Cámara Baja.
La decisión se sustentó en el hallazgo de lo que consideran faltas graves, algunas colectivas y otras individuales, que fueron encontradas durante la investigación que se les hizo a los miembros de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, esta “mayoría” que votó a favor del informe es en relación a los miembros de la referida comisión que estuvieron presentes en la reunión del pasado sábado, último día para presentar la decisión.
Solo asistieron 11 a la reunión
Preguntado por elCaribe sobre el proceso de votación que dio luz verde al informe, el presidente de la comisión especial, Rogelio Genao Lanza, informó que el pasado sábado, solo asistieron once del equipo investigativo, integrado por diecisiete legisladores.
Conforme a sus declaraciones, de los once presentes, nueve votaron a favor de que se inicie un juicio político y dos se abstuvieron. “En la reunión del sábado, de 17 miembros que tiene la comisión, solo asistieron once miembros y de los once, nueve votaron favorablemente al informe y dos se abstuvieron.
No votaron en contra, aclararon que su voto es de abstención y que no implicaba una posición u otra con relación a la decisión tomada, que tenían que hacer otras consultas, copartidarias, para luego en el pleno tomar su posición”, comunicó.
Los presentes
Según sus apuntes, además de él, asistieron a la reunión del pasado sábado Amado Díaz, José Horacio Rodríguez, Plutarco Pérez, Tonty Rutinel, Pedro Tineo, Ramón Bueno, Rosenny Polanco, Santiago Vilorio, Tobías Crespo y Jesús Sánchez.
En tanto, prefirió no revelar los nombres de los diputados que se abstuvieron tras considerar que corresponde a estos explicar públicamente las razones de su abstención.
“Para tener quórum, de la comisión teníamos 9. Algunos no participaron porque se encontraban de viaje, tenían otros compromisos y decidieron no ir. En porcentaje, ahí votó casi el 80 % de los presentes”, subrayó.
Ahora corresponde al pleno de la Cámara de Diputados decidir si procede o no el juicio político ante el Senado de la República. Para elevar esta acusación, se necesita contar con una mayoría especial de dos terceras partes de la matrícula, equivalente a 127 legisladores.
Si se abriese el juicio, deberán defender su honor desde el banquillo de los acusados, los integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas: Janel Andrés Ramírez, presidente; Elsa Catano, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria; y los demás miembros Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña.
¿Qué podría pasar en un juicio político?
El artículo 83 de la Constitución establece que las personas acusadas quedarán suspendidas en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare ha lugar la acusación.
Se considera una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados: “Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones”.
Si emprendiera el Senado un juicio político, conforme al artículo 80 de la Carta Magna, “la declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años”.
Asimismo, el funcionario destituido quedará sujeto, si hubiere lugar, a ser acusado y juzgado por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula.
En lo adelante, la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados deberá decidir la fecha en la que se pondrá en agenda la presentación de este informe.
Las voces que pedían apertura a juicio político contra los miembros del órgano fiscalizador cobraron fuerzas con las recientes declaraciones del titular de la Cámara de Cuentas a un medio de comunicación de que se siente como un “preso de confianza”, porque en muchas ocasiones ha tenido que hacer lo que diga el pleno, aunque vaya en contra de la ley. La entidad viene arrastrando un problema de gobernabilidad y conflictos internos entre sus miembros que devinieron en el descrédito de la institución.
Adocco saluda decisión de la comisión especial
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción saludó la decisión de la comisión especial. Por consiguiente, espera que el pleno de los diputados vote a unanimidad en favor de un juicio político.
El pasado mes, Adocco depositó un documento en la Cámara de Diputados en el que solicita que el órgano legislativo inicie las investigaciones de lugar y apodere al Senado para que de apertura a un juicio político a los cinco miembros titulares de la CCRD, “por incursión en faltas graves” en el ejercicio de sus funciones.
De comprobarse que los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, las responsabilidades se establecerán de forma individual. Así lo informó el presidente de la comisión designada para investigar el conflicto.
