El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción a una empresaria que, en asociación con otros imputados, se dedicaba a deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado.
El magistrado José Alejandro Vargas ordenó arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL. Es el segundo grupo de defraudadores que en menos de tres meses enfrenta decisiones judiciales por perjudicar al fisco. Barriola Varela fue sometida a la justicia por la DGII porque, en su calidad de socia y gerente de la citada empresa, se beneficiaba de una estructura criminal dedicada a defraudación fiscal y falsificación de facturas, ascendentes a más de RD$1,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público, junto a la DGII, durante varios meses desarrolló una exhaustiva investigación acerca de los ilícitos en lo que incurría la imputada a través de su organización criminal.
“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII.
En marzo pasado, el mismo juzgado impuso medidas de coerción a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal. Se trata de Franklin Rosario V., a quien el juez Vargas impuso tres meses de prisión preventiva, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.
