Argentina. La aprobación de una nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
De acuerdo con un informe presentado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa y director de Listín Diario, en la reunión semestral de la SIP, que se celebra en Argentina, esa ley y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional que imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación, han despertado las alarmas en la prensa independiente de la República Dominicana ante los imprevisibles alcances que pudieran tener tales normativas.
Dijo que ambas iniciativas, que vienen a unirse al proyecto para establecer una Ley de Medios de Comunicación, actualmente bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso, abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión enfrentando las posibles cortapisas que podrían afectarla con dichas legislaciones. “En el caso de la recién promulgada ley número 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esta va más allá de su propósito original de regular la constitución y el funcionamiento de estas entidades, y se excede con disposiciones que castigan con penas de multas y prisión la “difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos”, sostuvo.
Dijo que para disponer de estas penalidades, la ley de partidos se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. “Pero lo preocupante es que en ella subyace un implícito atentado contra derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública”.
Franjul precisó que ya ha sido introducido un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y, por ende, fortalecer la democracia. “Los temores que aviva esta ley es que, caprichosa o subjetivamente, abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar entre lo negativo o lo positivo de una expresión sobre un candidato o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guardan relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad. Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, más las multas”.
Ley de Publicidad
Franjul también dijo que los periódicos miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios han llevado al Congreso sus formales objeciones a la aprobación de una Ley General de Publicidad que fijaría porcentajes, comisiones y tarifas a los avisos publicitarios que insertan los medios impresos, abriendo el camino a la intervención directa del Estado en la intermediación y en los marcos de negociaciones y fórmulas entre clientes y medios. “La Sociedad de Diarios ha dicho que esta ley colidiría con otras vigentes y podría generar conflictos y situaciones confusas y convertirse en una camisa de fuerza de carácter legal que limitaría la capacidad creadora de las partes en el sector privado para asegurar sus estrategias publicitarias”, manifestó.
