La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó como preocupante que se pretenda limitar las facultades del Ministerio de Educación para realizar los procesos de reformas encaminados a mejorar la calidad educativa.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, afirmó que el rechazo a la ordenanza 24-2017 que reglamenta el proceso competitivo de selección de directores regionales y distritales por parte de algunos sectores podría obstaculizar e impedir las necesarias reformas en el sector.
Sostuvo que la disposición es cónsona con las legislaciones que abordan la materia y, sobre todo, con los principios del Pacto Nacional por la Reforma Educativa.
“Los sectores que objetan el Reglamento se han concentrado en impugnar la selección de las ternas bajo el alegato de que este paso implica actos antijurídicos e ilegítimos por parte del Ministerio de Educación, como si lo que procurase este órgano fuera contrario a lo que establecen las leyes. Sorprende el argumento, sobre todo, porque es la primera vez que se realizarán concursos de oposición para la selección de los funcionarios que se encargarán de los puestos a seleccionar, a tono con los nuevos principios que orientan la función pública y las políticas educativas en el país”, dijo.
Sostuvo que los esquemas de designación que instituye la referida normativa están adecuados al artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que los cargos administrativo-docentes y técnico-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales.
Dice no vulnera la legalidad
“De lo anterior puede colegirse que la norma prevé la existencia de un determinado método (el concurso de oposición). No obstante la ley no indica un presupuesto normativo que limite las dimensiones formales a las cuales debiera ajustarse la utilización del referido método (la presentación de ternas) y, desde nuestra óptica, esta situación no deviene en una vulneración al principio de legalidad sino en una actuación necesaria de las potestades de la Administración”. Destacó que lo establecido por Educación garantiza la operatividad del texto legal. “Si una norma no contiene presupuestos de ejecutoriedad ante la toma de decisiones de una medida de carácter estatal, corresponderá al órgano encargado suplir este vacío a través de sus actos formales, siempre y cuando ello no contravenga al ordenamiento jurídico de la nación”, dijo.
Castaños insta promover la excelencia docente
Instó a todos los sectores a generar los consensos planteados en el Pacto Educativo que estableció la necesidad de alianzas para incorporar las mejores prácticas al sistema y promover la excelencia en la formación docente. “Respaldamos las medidas adoptadas por los poderes públicos, cuya previsibilidad garantice la aplicación objetiva de la ley y, por tanto, permita fortalecer los principios que encarna todo Estado social y democrático de Derecho.
