“En este gobierno las instituciones funcionan”, dijo el presidente de la República tras la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunciar que envía a la Pepca el expediente de la licitación por más de RD$1,317 millones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Carlos Pimentel informó que debido a las irregularidades determinadas en el proceso de licitación donde la empresa Transcore Latam, SRL fue beneficiaria de un contrato para el servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el caso será enviado a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca) a fin de que se inicie una investigación penal.
Declaró la nulidad del primer “Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas”.
Carlos Pimentel explicó que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, adolecen de los mismos vicios que afectan la validez del contrato de RD$1,317,350,997.
“Hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”, manifestó.
Señaló que debido a los hallazgos detectados en las investigaciones realizadas junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, esa entidad estará agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, para determinar las consecuencias jurídicas.
“En el curso de la investigación y en el desarrollo del proceso de debida diligencia, la DGCP ha podido identificar un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o de un solo beneficiario final”, enfatizó.
“Este fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones, por lo que, como hemos dicho anteriormente, también estaremos remitiendo a la Procuraduría General de la República, el Informe de Cumplimiento elaborado, el cual documenta los hallazgos preliminares obtenidos hasta la fecha”, destacó.
Leyes y transparencia
“En este gobierno las instituciones funcionan y cuando hay una situación se actúa, Ahí vamos a ver cuál es el detalle y lo dirán ya más adelante las instituciones pertinentes”, dijo el presidente Luis Abinader al ser abordado por la prensa respecto al tema.
El jefe de Estado enfatizó que su posición al respecto, no tiene que ver con que sea tiempo de campaña electoral sino algo que han hecho desde que llegaron al gobierno.
“Tenemos que tener un gobierno que funcionen las leyes y con transparencia”, sentenció previo a concluir su participación en el encuentro semanal con los medios de comunicación y periodistas en el Palacio Nacional, los lunes a las 5:00 de la tarde.
Adjudicación fue mayor a disponibilidad Intrant
Al hacer una cronología del proceso, Pimentel explicó que Intrant adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, RD$1,200 millones, “con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”, refirió.
Señaló que el 19 de junio se suscribe el contrato entre el Intrant y Transcore latam, SRL y, el 6 de julio del 2023, DGCP notifica al Intrant las denuncias presentadas por Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. (Sictranscore Latinoamérica), quienes alegaban que Transcore Latam, S.R.L. supuestamente había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta, o adulteradas de otras fuentes públicas disponibles, con el propósito de participar como oferentes en el procedimiento.
Carlos Pimentel dijo que pese a orientar al Intrant sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor, al día de ayer cuando resolvía la nulidad del contrato por las irregularidades encontradas, no han “recibido ninguna contestación del Intrant sobre el particular”.
