El director ejecutivo de Casa Abierta, Radhamés De la Rosa, abogó ayer porque el Estado controle la producción, industrialización y comercialización de la marihuana en el país, como sucede en Uruguay desde el año 1974.
De la Rosa, afirmó que los programas del Estado contra el consumo de marihuana han ocultado su uso recreativo, del cual, aduce que el 90 por ciento no causa problemas, siendo menos dañino que otras drogas comercialmente aceptadas y reguladas para el cobro de impuestos, como son el alcohol, cigarrillos y otros.
Explicó que en Uruguay el consumo y producción de esta droga fue legalizada por el Estado, desde el sembradío hasta la conversión en dosis químicas recreativas para los consumidores habituales.
“La legalización de la marihuana impide que sectores vinculados a la persecución aprovechen para manipular y extorsionar a la juventud, aprovechándose de dicha prohibición”, dijo.
Afirmó que el 90% del consumidor de esta droga no llega a ser problemático, por lo que una política del Estado contra su uso, debe iniciar por la comprensión de las autoridades de que ese porcentaje es un consumidor recreativo.
Manifestó que la política del Estado debe estar reforzada en la persecución al traficante de drogas narcóticas, y reducir al pequeño usuario de aquellas que no crean adicción, como la marihuana.
“Solo el 10 por ciento llega a ser problemático. Ese 10 por ciento se convierte en un fenómeno social que luego se transforma en un problema social y su tratamiento requiere de una atención de salud, no de policía y ni persecución judicial”, adujo.
Recalcó que se requiere que el personal médico debe ser entrenado para conocer los síntomas de una sobredosis de drogas peligrosas como la cocaína y la heroína, afirmando que nadie muere de una sobredosis de marihuana.
Tráfico debe resolverse con programas sociales
De la Rosa considera que el tráfico de drogas debe ser enfrentado con programas de integración comunitaria que provean ocupaciones a los jóvenes y cree confianza en sus expectativas, es decir, resolviendo los problemas sociales que le empujan al consumo y tráfico de estupefacientes, como ocurrió en Boston, donde redujeron casi a cero por la interacción con la comunidad.