San Pedro de Macorís.– El candidato a diputado por San Pedro de Macorís, Jacobo Ramos, abogó por una revisión de las leyes que castigan la violencia contra la mujer, y aseguró que una forma de combatir ese flagelo es la aplicación de políticas públicas que refuercen sus derechos ante la discriminación de que son víctimas.
Ramos, respaldado por el Partido Revolucionario Social Demócrata y el Partido Revolucionario Moderno, destacó que la falta de una legislación actualizada sobre el tema, dificulta la aplicación de políticas que contribuyan a disminuir la violencia que se registra en la actualidad contra la mujer.
Al conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Jacobo Ramos, destacó el rol que debe jugar el legislador en un tema vital para el desarrollo de la sociedad dominicana.
Reconoció los esfuerzos que se hacen desde el gobierno para mejorar la situación, pero dijo que la realidad demanda de acciones más concretas, que permitan enfrentar con éxito un problema que agobia a la sociedad.
En ese sentido, indicó que una vez sea electo trabajará para endurecer las leyes que castigan la violencia contra la mujer, y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
Reiteró que hay enfrentar la violencia estructural contra la mujer
El también dirigente sindical llamó al gobierno y a la sociedad a redoblar esfuerzos para enfrentar lo que definió como una violencia estructural contra la mujer, y para combatirla reclamó impulsar mecanismos que conlleven a establecer una cultura de convivencia en el país.
Significó que además de la violencia física, a la mujer dominicana se le discuten sus derechos económicos y políticos, ámbitos en los que se reflejan disparidades de géneros.
“De lo que se trata es que haya una mayor participación de la mujer en la sociedad y que se les reconozcan esos esfuerzos con acciones concretas, no sólo con enunciados y elogios del momento para cumplir o satisfacer protocolos aplicables en épocas determinadas”, acotó.
Sostuvo que son innegables las diferencias que se registran en salarios y funciones de la mujer en la administración pública como en el sector privado, mientras que esa realidad es más cruda en lo político. De 32 senadores sólo hay cuatro mujeres, para un 12. 5 % de la matrícula; en el gobierno solo hay tres ministras para también un 12.5 %, lo que refleja desigualdad.
En cuanto a las manifestaciones de violencia física contra la mujer, abogó porque los organismos del gobierno responsables de enfrentarla actúen con rapidez toda vez que sean apoderados de denuncias, al tiempo que se ejecute un programa permanente de educación contra ese flagelo.