De acuerdo a la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en contra de los imputados en la operación Calamar, estos mantuvieron a todo el personal de la Dirección General de Crédito Público (Deuda Administrativa) del Ministerio de Hacienda, trabajando de manera presencial y permanente durante el pleno apogeo de la pandemia del Covid-19.
La intención era hacer posible la erogación de los diecisiete mil cuatrocientos cuarenta millones trescientos ochenta y un mil setecientos treinta pesos con 11/100 (DOP 17,440,381,730.11) que este grupo alegadamente había extraído del erario.
Además, detalla el Ministerio Público, para poder lograr la conversión en efectivo de tal cantidad de valores en un breve período, sin activar los mecanismos de alarma del sistema de control del banco, la organización criminal contó con el conocimiento, autorización y complicidad del señor Andrés Guerrero, Contralor del Banco de Reservas.
Según el órgano acusador la totalidad de los recursos públicos captados por la estructura criminal mediante el esquema de corrupción detallado, fueron distribuidos de la siguiente forma:
