El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, reveló ayer que en las pasadas elecciones cada voto le costó al Estado mil 57 pesos. Explicó que los cálculos se hicieron sobre la base de dividir RD$4,980,480,908.65 como presupuesto ejecutado, entre los 4,708,746 votos válidos emitidos en el nivel presidencial.
“Es decir, unos 23.03 dólares por cada voto calculado a razón de 45.89 pesos por un dólar, que era la tasa de cambio vigente para esa fecha”, detalló el presidente de la JCE. Castaños resaltó que el monto no incluye los más de mil 300 millones de pesos que recibieron los partidos políticos en el pasado proceso electoral.
Por otra parte, Castaños Guzmán resaltó que solo de financiamiento público los partidos han recibido en 17 años 12 mil 200 millones de pesos y que para el 2020 la cifra será de 15 mil millones 680 mil 443 pesos.
El presidente del órgano electoral reconoció que la JCE no ha podido comprobar si el uso de los recursos públicos que reciben los partidos se corresponden con los informes financieros que entregan en el organismo.
“En la práctica, justo es decirlo, la Junta Central Electoral tradicionalmente ha hecho grandes esfuerzos, mas no ha logrado comprobar efectivamente si realmente la ejecución presupuestaria de los partidos políticos se corresponde al reporte de ingresos y egresos que se declaran después de las campañas”, dijo.
El presidente del órgano electoral dictó una conferencia magistral en el marco del foro sobre la ley de partidos y agrupaciones políticas que organizó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y que contó con la participación del presidente de la Comisión Bicameral que trabaja en la elaboración de la ley de partidos y agrupaciones políticas, Arístides Victoria Yeb. El presidente del Conep, Pedro Brache, dio las palabras de bienvenida y también expusieron Marisol Vicens y el director del periódico El Día, José Monegro.
Castaños Guzmán recogió la preocupación que existe en los distintos sectores del país sobre el problema que representa el financiamiento de las campañas electorales, sus altos costos y la filtración de dinero de origen dudoso en la actividad política.
El presidente de la JCE propuso que a las empresas contratistas del Estado se les prohíba financiar campañas políticas si tienen contratos con el Estado durante el periodo de la campaña porque “establecen, por la propia naturaleza humana, una corriente de “gratitud” dinámica, que sería desequilibradora de la justicia de las elecciones”.
Sostuvo que el dinero ha desvirtuado la actividad política y conculcado el derecho de participación de la ciudadanía. “Estas actividades antidemocráticas conculcan el derecho fundamental a ocupar cargos públicos de elección popular de los ciudadanos dominicanos, ya que el clientelismo desaloja de los partidos a los ciudadanos que como tal quedan en una real indefensión, debido a que no pueden competir en un ambiente que ha sido tomado por el poder del dinero y que ha desvirtuado la democracia, dando paso a la plutocracia”, señaló.
Agregó que las políticas de asistencia social interesadas también influyen en que la competencia electoral no sea equilibrada. “El mismo asistencialismo interesado de parte de los gobiernos en medio de las campañas electorales viene a ser muchas veces, por su inoportunidad, un elemento perturbador en medio de los procesos electorales”, expuso.
Dijo que es necesario aprobar la ley de partidos y establecer límites a la campaña electoral, que lleve a su fin el dispendio de recursos en la política partidista y que paute el financiamiento y los tiempos de las campañas proselitistas.
“La razonabilidad exige hoy ponerle un límite o barrera a los gastos de campaña, ya que principios económicos elementales, como la ley de rendimientos decrecientes, por ejemplo, vienen a servir de advertencia para que se enjuicie la necesidad real de no emplear irracionalmente tanto dinero sin que esté presupuestado, en la procura del favor de una voluntad política”, dijo. El presidente del órgano electoral señaló que incluso hay momentos en el que la “saturación en el uso de la propaganda en los medios de comunicación viene a ser contraproducente”.
“Voto preferencial es pandemónium institucionalizado”
El presidente de la JCE pidió que se posponga el voto preferencial para el nivel municipal pautado para el 2020. “Aplicar ese voto para las próximas elecciones de 2020 implica la confección en su totalidad de 450 tipos de boletas electorales diferentes para dar cabida a la promoción en boletas cerradas y desbloqueadas de 1,164 regidores y sus suplentes y 730 vocales que correrían en campaña promocionando con foto personalizada en la boleta sus aspiraciones”, detalló.
Sostuvo que si se vuelve a la boleta cerrada y bloqueada en el nivel municipal, el número solo sería necesario entre 450 a 164 boletas distintas y que eso disminuye el nivel de complejidad y el costo de las elecciones.
Uso de medios de comunicación
Castaños Guzmán también abogó para que haya más equidad en el uso de los medios de comunicación durante las campañas electorales. “El uso desproporcionado e injusto de estos es una realidad en las campañas electorales”, subrayó.
Igualmente, dijo que es necesario regular el uso de las encuestas que miden el nivel de aceptación de los candidatos.
“Para garantizar el equilibrio de la pluralidad y para que no se concentren injustamente las posibilidades de participación en los medios, es preciso que tanto esta participación como la realización de las encuestas sea reglamentada, a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral, sin exclusiones caprichosas e interesadas”, recomendó.
Apoya debates electorales
El presidente de la JCE manifestó que es partidario de que se hagan debates entre los candidatos presidenciales. “Aun cuando no ha estado presente en la tradición política de nuestras campañas electorales, muchos entienden que el debate entre los candidatos presidenciales podría servir como un elemento importante a los fines de que se reduzca el gasto y el tiempo de campaña y de que la población sea debidamente edificada respecto de la oferta programática”, dijo.
Aboga por sistema mixto de financiamiento
El presidente del Conep, Pedro Brache, resaltó la importancia de que en la ley de partidos se tomen medidas para evitar que el dinero ilícito entre a la actividad política. “Erradicar definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política, así como establecer un sistema de financiamiento mixto con aportes públicos y privados que establezca de manera clara los tipos de los aportes y condiciones para el acceso”.
Es necesario regular la actividad política en país
El presidente del Conep reiteró que es vital la aprobación y puesta en vigencia de un nuevo marco legal para regular los procesos electorales y la actividad política. Brache dijo que para lograr esa meta es necesario que se haga mediante el diálogo y el consenso con los actores políticos, el empresariado y la sociedad civil para lograr la participación de toda la sociedad en la transformación de la institucionalidad democrática del país.
