Producto de la sentencia que anula el cobro de los registros de actos civiles, judiciales y extrajudiciales por parte de los cabildos, este año los ayuntamientos tendrán una pérdida de más de mil millones de pesos en la capacidad de recaudación de los ingresos propios.Así lo declaró el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Dijo que en el caso del Distrito Nacional, en tres meses este cabildo ha perdido la posibilidad de recaudar alrededor de 30 millones de pesos como consecuencia de la sentencia 0339-14 del Tribunal Constitucional.
Rafael Hidalgo ve con preocupación que desde el Estado se promuevan iniciativas que atenten contra la autonomía presupuestaria de los ayuntamientos.
“Hemos visto también como la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial amplía las responsabilidades en este tema a los gobiernos locales y en lo que refiere a los recursos (cobro de multas) lo deje excluido, un 75 % para la Procuraduría y un 25 % para el Intrant, órgano en fase de formación”, refirió. Los directivos de Fedomu también se han pronunciado contra el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre Garantías Mobiliarias, sometido por el Poder Ejecutivo, que transfiere la competencia municipal para recaudar las tasas o tarifas para el registro de las garantías al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Podrían perder más ingresos
El gremio ve con preocupación la posible eliminación del derecho a recaudar una tasa del 3 por ciento de la facturación de las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, establecido en el artículo 284 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en el marco de las negociaciones del Pacto Eléctrico.
Llamado de atención a Estado y sectores
De su lado, Altagracia Tavárez, directora ejecutiva de Fedomu, hizo un llamado a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los partidos políticos y el sector empresarial para detener “la tendencia, que ha ido aumentando en los últimos años, de aprobar iniciativas que coartan y limitan la autonomía financiera de los gobiernos locales”.
