Santo Domingo.- Para borrar una ficha del sistema de la Procuraduría General de la República (PGR), la alegada red que operaba dentro de la institución solía cobrar entre 8,000 y 15 mil pesos a personas que tenían antecedentes penales por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
De esta manera lo establece el expediente que depositó el Ministerio Público para que un tribunal conozca la medida de coerción en contra de los 12 imputados que fueron apresados durante la operación Gavilán y contra quienes piden prisión preventiva.
En el expediente de alrededor de 300 páginas, el órgano persecutor identifica a Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte técnico en el departamento de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, como el cabecilla de la supuesta red de corrupción que operaba dentro de la PGR.
Uno de los delatores con que contó el Ministerio Público, fue Carlos Santa Abad, coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, quien detalló cómo funcionaba la referida práctica ilegal.
De acuerdo a Carlos Santa, la temática consistía en que la persona que quería que le retiraran una ficha de la base de datos de la Procuraduría, se le acercaba a él, le pagaba una cantidad de dinero a cambio de que le hiciera el contacto con Mártires Rosario Reyes, quien luego cobraba un segundo monto, el cual pedía en la mayoría de los casos que se lo depositara en su cuenta personal del Banco de Reservas.
En los movimientos de la cuenta, a los cuales el Ministerio Público tuvo acceso por una autorización judicial, Mártires Rosario recibió múltiples depósitos de empleados de fiscalías de diferentes puntos del país.
De un empleado de la Fiscalía de La Romana, recibió 7 transacciones por un monto de RD$36,000.00; de la Fiscalía de Monte Plata, otro empleado le depositó RD$5,000.00 en dos depósito.
De igual modo, del fiscal de Independencia, recibió dos depósitos de un monto de RD$11,000.00; y el monto más alto, lo recibió de un empleado de la Fiscalía de Barahona, que en 12 transacciones le depositó RD$47,000.00, de acuerdo al expediente del órgano persecutor.
También están acusados de pertenecer a la supuesta red criminal, Alfredo Mirambeaux Villana, encargado de administrar la base de datos; Rubén Darío Morban Santana, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Pilar Yrenes Medina Trinidad, coordinadora de la Fiscalía de Independencia.
Además, Domingo Julio Santana Sánchez, mensajero externo de la Fiscalía del Distrito Nacional y Dilcia Argentina Núñez Santos, quien se desempeñaba como médico en el Centro Correccional de La Victoria.
Así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui y Alexander Dotel Medina.
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial.
Esto se debe al cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
