El movimiento Bien Común solicitó este jueves a la Junta Central Electoral (JCE) una reglamentación clara y efectiva para evitar que los recursos de “lavadores” de activos, aguanteros, narcotraficantes y sectores en conflicto con la ley contaminen las votaciones municipales de febrero próximo.
Según el movimiento, el órgano electoral todavía no ha tomado decisiones concretas para regular las fuentes y topes de ingresos, así como los gastos de las candidaturas municipales, situación que permite que el “dinero sucio” fluya sin ningún tipo de restricción en la contienda, como lo denunció el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, después de perder las primarias internas de su partido en octubre pasado,.
“Santo Domingo Este es un caso que la Junta debe tomar de ejemplo para aplicar las medidas de control que manda la Constitución y la nueva Ley Electoral”, declaró el colectivo a través de una rueda de prensa realizada este miércoles.
Denunció que, a tres meses de las elecciones primarias, la mayoría de los candidatos no han presentado informe sobre el origen del financiamiento de sus campañas, sin recibir ningún tipo de amonestación o sanción por parte de la JCE.
La Junta, sostiene Bien Común, tiene en su facultad reglamentaria el poder de revisar quién está financiando la campaña de los candidatos a alcaldes y cuáles de estos están compitiendo con niveles antidemocráticos de ventaja económica.
De igual forma el movimiento plantea la necesidad de que el órgano electoral evite y castigue a los funcionarios y actuales alcaldes que están utilizando los recursos públicos para financiar sus actos proselitistas. Y en ese sentido Bien Común citó el caso de Junior Frías, aspirante a director de la Junta Municipal San Luis, quien recientemente apareció repartiendo canastas del Plan Social durante un evento de su equipo de campaña.
Finalmente, el movimiento hizo un llamado a todas las fuerzas políticas opositoras y a la ciudadanía para que estén al pendiente de denunciar y perseguir los intentos del PLD de instalar puntos de compra de votos cerca de los centros de votación.
“El fraude tiene mil formas de expresarse, y en la ciudadanía y las fuerzas opositoras está la responsabilidad de perseguir la compra de votos, en defensa propia”, concluye el documento.
Bien Común presentó estas consideraciones en una carta formal dirigida al pleno de la JCE.
