El movimiento político Bien Común depositó este jueves ante la Junta Central Electoral (JCE) un acto de alguacil mediante el cual da un plazo de quince días a la institución para que detenga la campaña a destiempo violentando la Ley de Partidos.
Según el colectivo, al negarse a aplicar los mandatos de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en cuanto a los tiempos de inicio de la pre campaña y en cuanto a los espacios específicos en los que los precandidatos deben colocar su publicidad, la Junta Central Electoral está violando el mandato constitucional de organizar elecciones libres y equitativas, para favorecer a políticos que tienen el país lleno de vallas.
En el documento de solicitud, Bien Común presentó fotografías y direcciones de vallas de alto costo colocadas en diferentes puntos del país por los precandidatos Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Karim Abuu Naba, Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, a pesar de que los artículos 43 y 44 de la nueva ley indican que durante la contienda interna los aspirantes a candidatos deben limitar sus contenidos a los espacios cerrados y locales de sus respectivos partidos.
“La JCE debe ponerse clara. Hasta ahora sus acciones y omisiones están favoreciendo a los políticos mañosos, a los multimillonarios, a quienes manejan el presupuesto nacional o tienen financiamiento dudoso. De esta forma la JCE permite una competencia desigual, injusta y antidemocrática, que viola el derecho a elegir y ser elegido de millones de dominicanos y dominicanas. La actitud de la JCE es una actitud fraudulenta, que convierte a la participación política como una práctica para millonarios, no para ciudadanos”, expresó Jhonatan Liriano, vocero del colectivo.
Para Bien Común la JCE no tiene ninguna excusa para no actuar ante la competencia desleal que mantienen estos precandidatos pues el mandato de regular los tiempos y espacios de la precampaña son explícitos en la nueva ley.
Advirtió al órgano electoral que, si luego de transcurrido los quince días laborables previstos por la ley no cumple con su rol de regular la precampaña y la colocación de vallas y promociones en medios masivos, procederá a interponer en contra de la JCE una acción de amparo de cumplimiento por ante el Tribunal Constitucional, a fin de que medie pronunciamiento judicial ordenándole hacerlo.
