SANTO DOMINGO.- Las autoridades iniciaron el proceso para definir el plan de acción y el cronograma de trabajo hacia la integración administrativa de todos los recintos carcelarios bajo la nueva Dirección General de Servicios Penitenciario y Correccionales (SPC), un mandato de la Ley 113-21, promulgada el 23 de abril de este 2021.
“En esta etapa de transición hacia la implementación plena de la Ley 113-21, trabajamos con todo el equipo, con una visión y unos objetivos amplios que nos permiten abordar el tema penitenciario en su conjunto y potenciar la sinergia y el trabajo de todos los que tenemos la responsabilidad de desarrollar esta tarea”, dijo Roberto Hernández Basilio, responsable de SPC.
Hernández Basilio encabezó este miércoles una tercera reunión para definir con todo el equipo penitenciario la hoja de ruta hacia la unificación de la administración y la estandarización de todos los protocolos del sistema penitenciario, el cual operó hasta hace poco bajo los lineamientos de la Dirección General de Prisiones y el Modelo de Gestión Penitenciario.
Se espera que el proceso contribuya a fortalecer los estándares
De atención a los privados de libertad, al tiempo de incrementar el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos humanos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos.
Además de Hernández Basilio, en las reuniones participa la responsable de la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, Hilda Patricia Lagombra Polanco, así como los principales responsables de las distintas áreas del sistema penitenciario.
En la jornada de este martes, los y las responsables de Planificación, Administración, Tratamiento, Seguridad, Jurídica, Salud, Recursos Humanos y Servicios Generales revisaron distintos aspectos de la readecuación, empezando por la estructura organizacional.
Mientras, cinco comisiones se encargarán de trabajar el modelo organizacional de la SPC, una entidad llamada a velar por garantizar, a través de su ordenamiento jurídico, la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad, en consonancia con la Constitución de la República y los tratados internacionales.
